Michoacán: el pueblo en el fuego cruzado de la burguesía

Fotografía de Rafael Camacho/Subversiones

Las transformaciones que ha tenido el narcotráfico en México a partir de la década de los 80 hacen necesaria una rectificación conceptual que nos permita comprenderlo mejor. En efecto, durante esta década los grandes cárteles mexicanos sentaron las bases para extender y profundizar sus actividades económicas. Del simple cultivo y trasiego de mercancías (narcóticos) comenzaron a controlar toda la cadena productiva y, en la actualidad, a competir en el mercado mundial y a consolidarse como grupo de poder con influencia local y nacional en los procesos políticos y electorales.

Por tanto, los cárteles mexicanos del narcotráfico dejaron de ser tales y ya no se les puede denominar así. Los grandes cárteles ahora tienen todas las características, principios y propósitos de una empresa tipo corporación nacional y, a veces transnacional, es decir son parte fundamental de la gran burguesía. Como toda empresa burguesa fundamentan sus actividades económicas en la propiedad privada de los medios de producción, en la explotación, en el trabajo asalariado y tienen como propósito el lucro por medio del mantenimiento de la tasa de ganancia bajo cualquier medio, sea legal, ilegal o violento.

Las narco empresas o empresas ilícitas, como cualquier empresa burguesa, cuentan con el apoyo del gobierno, explotan a sus trabajadores, producen mercancías, crean y controlan mercados internos y externos, construyen o se apoderan de rutas comerciales, se apropian de territorios urbanos o rurales para refuncionalizarlos como mercados o áreas proveedoras de fuerza de trabajo y de recursos naturales; gestionan recursos y mejores condiciones para su actividad, compiten con otras empresas por los mercados y por negocios con el poder político formal y trato privilegiado en el ámbito judicial, fiscal y financiero; realizan espionaje industrial y comercial, llevan a cabo fusiones empresariales, especulan con los precios, acaparan mercancías, sobornan, extorsionan y financian campañas políticas al igual que eliminan enemigos. En suma, una gran empresa parte de la burguesía, sólo que ilegal en el discurso del gobierno e ilegítima en su moral.

En este contexto, es importante considerar el discurso mediático y gubernamental como instrumento de dominación ideológica cuando contribuye a la manipulación de la realidad. Es un discurso de dobles criterios y de dobles sentidos. Cuando se refiere a actividades económicas de las narco empresas cambia los términos aunque se trate de la misma actividad en empresas legales. Por poner unos ejemplos, se le denomina “cártel” a las narco empresas, a las rutas comerciales les llaman “rutas de trasiego”, a los pequeños distribuidores y vendedores de mercancías se les dice “narcomenudistas”, a los trabajadores encargados de la seguridad de la empresa se les nombra como sicarios y no guardias de seguridad privada. A la pugna y dominio de mercados y territorios les llaman respectivamente “calentar la plaza” y “controlar la plaza”. Al control de exportaciones y embargo de mercancías le dicen “decomiso”, a las operaciones financieras, transferencias de dinero, contabilidad oculta o doble, e inversión de capital en otros rubros, le denominan “lavado de dinero”. Es decir, el uso del doble criterio y doble moral para designar y juzgar, esencialmente. la misma actividad.

De este modo, dicho discurso oculta lo que significa la actividad empresarial en términos de su relevancia para las economías en su marco nacional. Para la economía mexicana, por ejemplo, la actividad empresarial, ilegal de este sector burgués es fundamental. Cálculos de especialistas y de agencias estadounidenses afirman que la suma de dinero que las actividades económicas de las narco empresas inyectan a la economía nacional, es de alrededor de 50 mil millones de dólares anuales. Esta enorme cantidad de dinero se distribuye -como cualquier otra empresa capitalista lo hace- en reinversiones en su actividad fundamental de producción, manufactura y distribución de drogas ilícitas. Otra parte importante se destina a invertir en cientos de grandes y medianas empresas para “blanquear” el dinero. Casas de cambio, corredurías de bolsa, empresas agroindustriales, de seguridad privada, hoteles, restaurantes, entre muchos otros, son algunos de los rubros preferidos por la matriz de los narcóticos para diversificar inversiones. Una empresa narco burguesa trasnacional con enclaves por todo el planeta para surtirse de materias primas y para abastecer la demanda mundial.

Los empresarios narco burgueses dedican buena parte de estos recursos a la seguridad y los sobornos que, al volverse costumbre se transforman en sueldos integrando a la nómina desde policías rasos hasta los más altos funcionarios del gobierno. Así, policías, mandos y jefes de todos los niveles se transforman en la policía privada de la narco burguesía junto con los ejércitos de mercenarios integrados por los sectores sociales más marginados, empobrecidos y corrompidos, empleados asesinos a sueldo, impunes en regiones igual de marginadas y empobrecidas.

Simultáneamente esta narco burguesía – que casi no se diferencia en nada de la burguesía legal- lo mismo invierte en política electoral que en política social. Igual financia campañas electorales de todos los partidos políticos que reparte despensas y patrocina fiestas populares, con lo que se hace de base social y política. Es decir, hace también política con los de arriba y los de abajo. El carácter irrefutable de toda esta evidencia hace imposible afirmar que esta actividad narco empresarial se realiza sin la complicidad y apoyo del aparato del Estado, del régimen político y de las personas que lo dirigen. Como en todos los ámbitos donde el capitalismo penetra y corrompe, aquí se difumina la línea entre lo legal y lo ilegal.

De este modo, encontramos en México diferentes efectos del mismo fenómeno con Michoacán como el caso más paradigmático en este momento, sin olvidar otras regiones y estados del país. Este estado del centro occidente del país concentra –aunque no de forma exclusiva- las características geográficas, económicas y sociales para ser objeto de disputa por su dominio. Y las autodefensas son en este contexto la expresión más nítida de la disputa interburguesa que tiene a su pueblo en vilo y donde los gobiernos local y federal han tomado parte por uno u otro grupo burgués.

Michoacán tiene una posición estratégica doble: primero al ser un punto de paso obligado para el comercio de mercancías por el Pacífico de sur a norte. Es una ruta marítima natural y rápida, favorecida por las corrientes marinas desde los puertos sudamericanos como Lima y Trujillo en Perú, Guayaquil en Ecuador y Buenaventura, Colombia, todos países productores de cocaína. Así la costa michoacana es una zona portuaria con Lázaro Cárdenas como enclave comercial Sur-Norte. El segundo aspecto de su carácter estratégico es su posición como principal zona de comercio con Asia. Entonces, controlar esta región implica el dominio sobre el comercio de mercancías, legales e ilegales, entre México como enclave y abastecedor de recursos naturales, con destino a Sudamérica Asia y Norteamérica.

Por otro lado, Michoacán posee abundantes minerales entre los que destaca el hierro, recurso por el que empresas trasnacionales y narco empresarios pelean su posesión para venderlo a China.  Ambos grupos en un principio, mediante sus guardias privados o sicarios, ocuparon tierras ejidales y comunitarias ricas en hierro desplazando poblaciones enteras en complicidad con el gobierno. A esta estrategia de despojo y desplazamiento para la obtención de recursos de le conoce como refuncionalización del territorio y de las personas, que va de forma simultánea con la contrainsurgencia. A través de diversos tipos de violencia se infunde el miedo con amenazas, extorsiones, violaciones, secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos con la consecuente ruptura del tejido social y la ocupación militar con el pretexto del combate a la inseguridad.

Exportada de Colombia la estrategia de la refuncionalización del territorio dejó allá alrededor de 5.6 millones de desplazados y un gran negocio controlado por las mineras y agroindustrias estadounidenses en el marco del Plan Colombia. Y este mismo esquema con nuestro Plan Mérida, se aplica en todo México, intensificado en Michoacán para controlar los sectores estratégicos de la economía, para poner orden las disputas interburguesas y garantizar el suministro de recursos minerales, energéticos y financieros hacia los países matrices de las empresas. Lo mismo que con los minerales ocurre con las maderas preciosas traficadas hacia Norteamérica y China, o el agronegocio del limón y aguacate que representan cerca de mil millones de dólares anuales cada uno.

En este panorama es donde surgen las autodefensas con al menos tres orígenes y tendencias distintos. Con esta situación enfrente los grandes empresarios de la agroindustria y de la minería, al verse despojados de sus negocios y ante la omisión del gobierno, comienzan a azuzar y a organizar a sus trabajadores que, sumado a la explotación y miseria, padecen con mayor intensidad la violencia de los narco empresarios. Luego, otros gérmenes de carácter popular se autorganizan con sus propios recursos y aspiraciones legítimas producto del hartazgo. Y, la tercer fuente del origen de quienes participan en las autodefensas es anterior a las otras dos y más cercana al modelo de la policía comunitaria guerrerense. Es aquella que se basa en el arraigo de las costumbres comunitarias y con objetivos políticos y sociales que van más allá del discurso de la seguridad. Esta última tendencia es la que mayor peligro representa para el gobierno y para los burgueses sean narcos o no. Ostula y Cherán, entre otros, es contra quienes se dirige la implacable contrainsurgencia, cuyas consecuencias han quedado ocultas y es preciso no olvidarlas. De esta forma, tenemos en las autodefensas a un conglomerado heterogéneo de grupos sociales de orígenes, pretensiones y destinos diferentes.

Michoacán en crisis cambió del Estado de excepción, dominado por los ahora narcoburgueses, al Estado de sitio controlado por el gobierno, en medio de una disputa interburguesa que se materializa en un guerra entre civiles armados, con el pueblo y sus recursos como rehenes.

¿Quién se beneficia de todo esto? ¿Cuántas más serán las consecuencias para el pueblo? ¿Cuánto tardará en restablecerse el tejido social y hacer justicia? Y lo más importante: ¿Qué nos toca hacer a nosotros?