8 de marzo, la exigencia de los derechos de las mujeres

Foto: Paco Dorado/Somoselmedio.org
Foto: Paco Dorado/Somoselmedio.org

Ciudad de México, 10 de marzo de 2018

El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, miles de ellas alrededor del mundo salieron a las calles a reclamar por sus derechos, recordando que un 5 de marzo de 1908, durante una huelga demandando igualdad salarial en relación al trabajo que realizaban los hombres, la disminución de la jornada laboral a 10 horas, y un tiempo para poder amamantar a sus hijos, entre otras exigencias; murieron quemadas 129 trabajadoras de la fabrica textil Cotton Textile Factory, en Washington Square, Nueva York, en Estados Unidos. Los dueños de la fábrica las habían encerrado en su lugar de trabajo para obligarlas a permanecer en las instalaciones y que no pudieran unirse a alrededor de 40 mil costureras industriales más que habían declarado la huelga.

La fecha quedó instaurada en 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, que se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca; donde más de cien mujeres de 17 países distintos decidieron declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sin embargo, fue hasta 1975 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) lo institucionalizó como el Día Internacional de la Mujer.

Actualmente, en nuestro país existen diversas leyes que protegen los derechos de las mujeres, dentro de la Constitución mexicana, en sus artículos 1º, que prohibe toda discriminación por el género o preferencia sexual, por ejemplo; y el 4º, que reconoce la igualdad entre los sexos.

Asimismo, se han decretado legislaciones específicas, como La ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, y la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; y el Estado mexicano ha firmado los tratados internacionales en materia de derechos humanos que protegen específicamente los drechos de las mujeres, como son la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará), en el plano regional, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en el ámbito internacional.

A partir de lo anterior, las autoridades de todos los niveles de gobierno están obligadas a adoptar políticas públicas, programas y proyectos que respeten, protejan, promuevan y garanticen el goce y disfrute de los derechos a la igualdad de género, a la educación, a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, al trabajo, al desarrollo, a la participación política, a un ambiente sano y a la información de las mujeres; así como a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia.

Sin embargo la realidad a la que se enfrentan las mujeres en la sociedad, es otra mucho más desalentadora y que obliga a tomar acciones al respecto.

De acuerdo al Censo de población del 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres representan el 51.4% de la población total de México.

Históricamente las mujeres han sido víctimas de exclusión en la escuela, el trabajo, el hogar, la política, en los medios de comunicación y diversos espacios más. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) las considera dentro de los grupos en situación de discriminación y asegura en un documento publicado para la conmemoración del Día internacional de la mujer, que actualmente ellas siguen recibiendo un pago inferior por su trabajo con relación al que reciben los hombres por realizar el mismo trabajo, no tienen acceso real y equitativo a las ventajas del empleo; el mayor numero de quejas que la dependencia recibe son a nivel laboral, por despido injustificado por embarazo. A las mujeres se les discrimina por el género y además por pertenecer a los grupos en situación de vulnerabilidad; y de igual forma, persiste la idea en la sociedad, de que si se les ataca sexualmente o se les violenta, es debido a que han provocado a los hombres.

El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, por cuestiones de género. Cada cuatro horas se asesina a una joven, niña o mujer adulta en México. De acuerdo al INEGI, enrte el 2007 y el 2016 se registraron 22 mil 482 mujeres asesinadas en el territorio nacional. Entre estos años (2007 y 2016) se registró un incremento del 152% de la incidencia feminicida.

Actualmente existen 12 entidades declaradas en emergencia feminicida mediante la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVG), mecanismo contemplado en la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para hacer frente a la violencia feminicida en un territorio determinado.

Los estados con AVG son Estado de México, Morelos, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Colima, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit; además de que existen 7 peticiones más por parte de la sociedad civil para que se declare en sus territorios: Puebla, Guanajuato, Baja California, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y la Ciudad de México; sin respuesta y con suma resistencia por parte de las autoridades locales.

El mecanismo de la AVG que marca la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para erradicar la violencia feminicida en el país no representa ninguna garantía, en la mayoría de las entidades continúan los asesinatos de mujeres y estos asesinatos en muchos de los casos no llegan a tener acceso a la justicia y se ven marcados con la impunidad.

En cada uno de los últimos dos años en el Estado de México, la entidad más violenta para las mujeres, se han registrado 257 asesinatos de mujeres por razones de género, de acuerdo al portal A Fondo Estado de México, además, en los primeros tres meses del 2018 ya existen alrededor de 50 feminicidios en la entidad.

De esta forma, se corre el riesgo de que las autoridades utilicen la AVG como un mero discurso político mediatico para la simulación e incentive la inacción para solucionar la problemática.

A las mujeres se les sigue desdibujando, se les sigue discriminando, se les sigue violentando, se les sigue asesinando y las autoridades siguen con total opacidad en su actuar para atacar el problema. Es imperativo que la sociedad civil se vincule, se informe y acté desde el respeto y la empatía.

A las mujeres y a la sociedad en general les corresponde hacer valer el cumplimiento de estos derechos, no permitrir discursos que conllevan a la impunidad y a la simulación, sea  8 de marzo, 2 de abril, 30 de agosto ó 1 de junio.