Aprueban Diputados la #LeyChayote

Con esta ley se permite que el mal uso de la #PublicidadOficial continúe

Ciudad de México 10 de abril de 2018 Esta tarde en la Cámara de Diputados con 205 votos a favor  y 168 en contra se aprobó la Ley General de Comunicación Social, misma que podría usarse para manipular a los medios y la profesión de los periodistas, esta Ley también da paso a que continué el despilfarro en el rubro de la publicidad oficial.

Organizaciones Sociales denunciaron a esta Ley, a la que llamaron #LeyChayote, no contiene ninguna propuesta de la sociedad civil y que jamás se les escucho y tampoco fueron invitados a dichas discusiones, argumentaron que los recursos que se destinen a dicha Ley pueden ser usados tanto en educación como en otros programas sociales.

Diputados del PRD, PAN y MORENA se manifestaron en contra de dicha Ley con el argumento de que es una simulación para tener más poder y no para regular de verdad la propaganda oficial, mientras que las bancadas del PRI, PVEM y Nueva Alianza, defendieron esta Ley al señalar que transparenta  el uso de la propaganda oficial, la vigilancia de los recursos y la libertad de los medios libres.

La ley General de Comunicación social propone que sea la Secretaría Administradora quien autorice la Estrategia y el Programa, y entonces la dependencia deberá hacer una solicitud donde se diga los recursos a erogar, los medios de comunicación que se utilizarán, que la misma Administradora aprobará.

La Secretaría de la Función Pública creará y administrará un Sistema Público en el que se llevará un control sobre el gasto de cada dependencia en campañas de comunicación, dice el pre dictamen, en el que se incluirá los nombres de las personas físicas o morales contratadas, así como el monto pagado.

La propuesta señala que cada uno de los estados deberá crear un Sistema Público local de gastos en Comunicación Social.

Los medios de comunicación que quieran ser contratados por los entes públicos deberán estar inscritos en un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación.

La propuesta señala que el solo hecho de pertenecer a ese Padrón no implicará obligación de los entes públicos a contratarlos.