Cuando la diplomacia económica vale más que la protección a las comunidades

Familiares de Mariano Abarca continúan a la espera de que se logre justicia

Ciudad de México, lunes 12 febrero de 2018.- En conferencia de prensa, organizaciones de derechos humanos y familiares denunciaron la inadecuada actuación de la embajada de Canadá en torno al asesinato del activista Mariano Abarca. La conferencia se llevó a cabo en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), donde acudieron su hijo, José Luis Abarca, Libertad Diaz Vera (organización Otros Mundos AC), Miguel Angel Mijangos (Red Mexicana de Afectados por la Minera - REMA), Jen Moore (MiningWatch Canadá) y el abogado de la familia, por Skype. 

El defensor ambientalista Mariano Abarca Roblero fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 por personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration por encabezar la resistencia de su pueblo a la operación de la mina de barita "La Revancha" en el ejido Grecia, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. La familia Abarca interpuso una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su responsabilidad en el crimen, en junio de 2017. En efecto, lograr justicia por este caso sería un gran avance en el ámbito de la defensa de los DH en México, y podría dar el ejemplo para todos los demás defensores de derechos humanos quienes siguen severamente perseguidos cuando se enfrentan a unos intereses económicos.

Después de casi 9 años, los familiares de Mariano Abarca continúan a la espera de que se logre justicia. Así mismo, el pasado 5 de febrero José Luis Abarca presentó una denuncia administrativa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá para exigirle que se investigue a la Embajada de Canadá en México por apoyar las operaciones de la empresa Blackfire Exploration en Chicomuselo durante el conflicto social que se generó entre 2007 y 2009 y que culminó en el asesinato de Mariano Abarca. 

Los participantes de la conferencia acusaron a la embajada canadiense en México de hacer propios los intereses de la empresa canadiense en México, y que en lugar de haber utilizado sus facultades para interferir de manera positiva en este caso, la Embajada los  usó para impedir el castigo del homicidio de Mariano Abarca. 

Por su parte, Miguel Ángel Mijangos (REMA) afirmó que “el actuar de la visión diplomática en México fue un factor determinante por el asesinato de Mariano Abarca”. Añadió que la intervención comprometida de la misión diplomática  en estados pobres como Chiapas, representa peligros para los defensores de los Derechos Humanos (activistas, como Mariano). Mijangos explicó que es  recurrente que en las luchas de las comunidades ocurran situaciones de represión y criminalización. Según él, esta situación empezó desde 1985 con la llegada de empresas extranjeras en México por medio de lo que llaman “Inversión de Desarrollo y Progreso”; a pesar de que el tema de la inversión está en proceso de regularización en América Latina con el reforzamiento de las leyes, el lobbying del Estado canadiense en México impide que se regularice la situación en el sector minero.

En cuanto a la situación de conflicto de interés en la cual está involucrada la embajada canadiense con sus empresas mineras en México, las pruebas de esta falla jurídica son varias. Así, se conoce que  hubo intercambio de correos entre la misión diplomática y la dicha empresa que son, según los defensores de derechos humanos, actividades que tienen que ser investigadas porque violan la imparcialidad que debería prevalecer entre las dos instituciones. Además, embajador canadiense estuvo en Chiapas y habló en favor de la empresa. Cabe señalar que fueron descubiertas varias muestras de presión al gobierno mexicano para impedir que la empresa fuera juzgada. 

En este marco, los defensores presentaron una denuncia ante el Estado canadiense, en colaboración con el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, con base en la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York, y en la Escuela de Derecho de la Universidad Thompson Rivers, actúa como consejero legal de los peticionarios."

Cabe señalar que Canadá posee un 60% de las empresas mineras del mundo y México representa para ese país una de los mayores fuentes de ingresos con respecto al negocio minero. De este modo, señalaron los defensores, se traduce en un verdadero conflicto de intereses que no debería de existir; las embajadas canadienses han apoyado al desarrollo de estas empresas a pesar de que desde el inicio han sido conscientes de la resistencia en las comunidades tocadas y, según la activista de MiningWatch, han facilitado e implementado las condiciones para el asentamiento de las empresas canadienses ya sea en México, Honduras o en América Latina en general. Es un “patrón” que se repite en todo México, toda América Latina y en África. Según Jen Moore, la importancia del caso abre un “nuevo camino para nosotros en Canadá”. Así, aunque la ley de transparencia en Canadá ha facilitado la apertura de una investigación sobre el asunto Abarca, hay una verdadera dificultad para lograr cualquier documentación.

Con respecto al castigo que podrían recibir los funcionarios de la embajada responsables, las pruebas que demuestran el conflicto de interés no son vinculantes y tiene que haber una comisión de encuesta. Así, Miguel Ángel Mijangos reiteró la necesidad de superar esta situación de simulación hasta que se consiga una verdadera justicia. “Poco a poco tenemos que ir, avanzando con fuerzas”.

Los defensores del caso lamentaron que la situación muy compleja del país llega a valorar más las empresas extranjeras y sus inversiones a expensas de la protección de los derechos humanos y los de la Tierra ya que la industria minera genera grandes daños ambientales.