Defensoría de DDHH denunciará al Estado mexicano ante Corte Penal Internacional

Ciudad de México, miércoles 21 de Marzo.- “Este es el país de una mal parida ley de seguridad interior; este el país de los cateos sin orden judicial; este es el país donde no hay justicia; este es el país donde no se escucha la voz del GIEI ni de la ONU en materia de derechos humanos; este es el país que diariamente desayuna muertos y desaparecidos", así introdujo Arturo Peimbert Calvo, defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHHPO), institución autónoma y pública que ha denunciado la "grave crisis de derechos humanos" que azota al país desde el año 2006.

El defensor de derechos humanos anunció en conferencia de prensa la denuncia que realizará ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad relacionada a los hechos acaecidos en la Ciudad de Oaxaca de Juárez y la Zona Conurbada durante el período del movimiento social de 2006 y 2007. Para la DDHHPO las instituciones de seguridad del Estado cometieron crímenes graves, en particular asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y encarcelaciones masivas.

Por lo que acusaron a los mandatarios estatales de esos años y los subsiguientes de ser responsables de haber conducido políticas públicas en detrimento de los derechos fundamental a la ciudadanía. Recordaron que las protestas realizadas por Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de Oaxaca, fueron en demanda por mejoras laborales terminando en un movimiento civil que cuestionó la falta de políticas públicas para resolver problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y la falta de transparencia en el gasto público del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, conocido por recurrir a la violencia sistematizada para reprimir a la ciudadanía.

El defensor recordó que para detener las manifestaciones civiles, el Gobierno usó el aparato estatal para encarcelar a los manifestantes y causar terror dentro de la población con el apoyo de grupos armados ilegales que cometieron ejecuciones extrajudiciales en contra de los líderes del movimiento.

"Más de 30 personas muertas, 311 personas detenidas arbitrariamente, 248 personas torturadas, y por lo menos dos desapariciones forzadas, fue el saldo sangriento de los crímenes cometidos en aquel periodo y de los cuales hasta ahora no se conoce ningún presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga la responsabilidad y haya sido presentado ante la justicia", deploró Arturo Peimbert Calvo.

El defensor recordó el señalamiento del Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la grave crisis en materia de derechos humanos que existe en México. Ejemplo de esto se puede ver en el informe de la Fundación Open Society que explica que en los años de 2006 a 2015 más de 150 mil personas fueron asesinadas, según las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 26,798 personas figuran en México como “no localizadas”, es decir desaparecidas. La misma Comisión reportó el hallazgo de 365 fosas clandestinas en todo el país, mientras la Procuraduría General de la República (PGR), reportó la ubicación de18 fosas clandestinas en 32 entidades. Además, la Comisión Interamericana registró un total de 200 mil personas desplazadas de sus comunidades por violencia.

La DDHHPO explicó que tiene un registro del periodo comprendido del 2006 a la fecha donde se han documentado 103 muertes por cuestiones políticas en la entidad, especialmente asesinatos de líderes políticos, representantes de partidos y autoridades municipales. Según Arturo Peimbert Calvo, estos crímenes no han sido investigados por parte de los gobiernos federal y estatal, sino que de manera fraudulenta han buscado exculpar a los responsables de los hechos.

El defensor explicó que a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizo una recomendación donde se documentaban graves violaciones a derechos humanos en el estado de Oaxaca durante 2006 y 2007, ninguno de los presuntos responsables fue imputado y sancionado por lo ocurrido.

Por este motivo, la Defensoría de los Derechos Humanos presentó un informe de las personas que la Comisión de la Verdad ha señalado como responsables de los delitos de lesa humanidad, donde aparece el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, el ex gobernador Ulises Ruiz, y una lista de más de cien funcionarios integrantes de la administración pública federal, estatal y municipal.

"Tenemos la convicción de que la información presentada en nuestra denuncia satisface todos los requisitos de competencia de la Corte Penal Internacional, para determinar que las autoridades mencionadas cometieron actos que constituyen un crimen de lesa humanidad y, por tal, deben ser enjuiciados y sancionados por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de las víctimas de la represión durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca"; dentro de este contexto, la DDHPO hizo un llamado al Estado mexicano para que actualice las medidas de protección para todos los que contribuyen con darle voz a quienes no la tienen.

De igual forma, el Organismo afirmó que solicitará a la Organización de las Naciones Unidas la creación de un órgano independiente de carácter multilateral internacional que garantice una investigación autónoma que logre sancionar los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad que participaron en los hechos.

"En esta denuncia retomamos las investigaciones de esa Comisión para demandar castigo a los responsables y reparación efectiva del daño a las víctimas, pues consideramos que los crímenes cometidos agravian no sólo a las víctimas directas de esos sucesos, a sus familiares, a sus comunidades; son hechos que afrentan a la humanidad. Por lo tanto, por justicia, por dignidad y por humanidad, no podemos permitir que este hecho quede impune", afirmó Peimbert Calvo.