Dos a seis años de prisión a quien use bandas de frecuencia sin autorización

Sociedad civil rechaza adiciones a Ley de Telecomunicaciones que criminalizan medios comunitarios

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2017.- El miércoles 4 del presente mes, la Comisión de Radio y TV de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la iniciativa presentada por el Diputado priista Benjamín Medrano Quezada ante la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, por la cual se adicionan la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFTR) y el Código Penal Federal.

La adición al Artículo 304 de la LFTR inhabilita en un plazo de cinco años a aquellas personas que hubieran sido sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión, mientras que la adición al Código Penal Federal de un Artículo 172 Ter  sanciona al que use, aproveche o explote bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, con dos a seis años de prisión, cien a trescientos días multa y decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.

De ser aprobada esta iniciativa que se presentará ante el Congreso la próxima semana, significaría un enorme retroceso para la legislación mexicana desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos en general, y de la libertad de expresión en particular.

Las sanciones administrativas y penales propuestas en esta iniciativa son inconstitucionales, pues se oponen a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

Los tratados internacionales que se obliga a respetar el Estado mexicano, así como los organismos internacionales que los tutelan, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido claramente que en materia de libertad de expresión y derecho a la información, frente este tipo  de ilícitos debe optarse por medidas administrativas y no penales, considerando que se trata de infracciones y no de delitos.

La Corte Interamericana ha señalado que “El Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita (…). En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kimel vs Argentina, Sentencia de dos de mayo de 2008. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 76).

La iniciativa no sólo da la espalda a los altos estándares internacionales, sino que reconoce explícitamente basarse en una de las legislaciones más atrasadas y restrictivas del continente en materia de libertad de expresión, como la legislación chilena, sobre la cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó recientemente: “Persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información que pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado”. (Informe especial sobre visita oficial a Chile con el objeto de evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión. Abril de 2017).

Para respaldar su iniciativa, el Diputado Medrano utilizó cuatro ejemplos del Derecho Comparado, de los cuales tres obran en su contra, pues el Reglamento de la UIT y las legislaciones de España y Argentina solo hacen referencia a sanciones administrativas y no a penales; solo la Ley General de Telecomunicaciones de Chile, publicada en 1982 por la dictadura militar de Pinochet, establece “pena de presidio en sus grados mínimo a medio” para la radiodifusión sin autorización (Art. 36 B).

La Reforma de Telecomunicaciones fue impulsada por un movimiento social que exigió poner fin a la enorme concentración de medios en pocas manos y luchó por abrir el espectro a los medios indígenas y comunitarios. A tres años de la aprobación de la Ley, todavía persiste el oligopolio mediático, y la incorporación de los medios indígenas y comunitarios es muy lenta, por las dificultades para cubrir los requisitos de ley.

En este país de enormes desigualdades, prevalece un escenario de violencia contra comunicadores, con un imparable número de agresiones y asesinatos que colocan a México como el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo, y la impunidad como aliciente para los agresores. A esta grave situación vienen a sumarse las catástrofes naturales, frente a las cuales los medios comunitarios, entre ellos no concesionados, han representado un valioso apoyo para sus comunidades, enfrentadas a condiciones de vida o muerte y de absoluta miseria. En estas condiciones, la iniciativa criminalizadora aprobada por la Comisión de Radio y TV, es una verdadera provocación y un desatino

Existe el antecedente de la aplicación de los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para castigar penalmente el uso del espectro sin autorización. La aprobación por la Comisión de Radio y TV de un tercer artículo criminalizador de la Libertad de Expresión es una muestra de intolerancia creciente, violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia. Demandamos al H. Congreso rechazar el mencionado uso de los primeros y a no admitir la iniciativa de modificación al Código Penal Federal.

Por lo anterior, organizaciones de la sociedad civil llamaron a las y los Diputados a escuchar, atender e incorporar las recomendaciones reiteradas de los Organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos, a preservar el espíritu de la Reforma de las Telecomunicaciones, y evitar un preocupante retroceso, afectando el derecho de información y la libertad de expresión.  Exhortaron a privilegiar el diálogo, del cual fue ejemplo el reciente Foro Internacional auspiciado por el IFT y la UNESCO con la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, a fortalecer y facilitar el acceso a la legalidad, demostrando las ventajas de la regularización, respetando los procesos de decisión de las comunidades y pueblos.