El asesinato del periodista Javier Valdez y la FEADLE

Existen niveles de ineficacia preocupantes en la Fiscalía especial

Ciudad de México, 17 de mayo de 2017

Cuando acontecieron los asesinatos de Rubén Espinoza y Nadia Vera en agosto del 2015 en la colonia Narvarte, el procurador Adolfo Ríos nos regresó en el tiempo a los habitantes de la Ciudad de México, la que desde 1997 había sido la entidad más progresista del país por la agenda de derechos que se había impulsado, retornó a los años de la guerra sucia con una explicación burda y convencional que al igual que en aquellos tiempos en los que se criminalizaba las víctimas. La misma fórmula aplicó con Rubén y Nadia, al margen de una sociedad más sensible e informada; lo que se impuso fue garantizar la impunidad para los autores intelectuales que en el caso involucraban, de acuerdo a las mismas víctimas, al gobernador Javier Duarte y su jefe de la policía Bermúdez Zurita

Dicha impunidad, el pacto de impunidad del que gozan particularmente en este gobierno autoridades de distintos niveles, desde gobernadores hasta policías ministeriales, auspicia la comisión de asesinatos de periodistas como ahora el de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Culiacán y fundador del semanario Ríodoce.

El día de ayer mediante su Editorial, el periódico La Jornada expresaba que “es imprecisa  la idea de que nuestro compañero se había vuelto un periodista especializado en temas de narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción gubernamental. Fue más bien la realidad de su estado la que se deslizó por una pendiente de descomposición generalizada y por la pérdida de control de las autoridades constituidas.” Y Javier hablaba de la realidad.  

Blanche Petriche escribió para el mismo diario que Javier Valdez experimentó muy joven el “encabronamiento” contra el abuso; recordó que éste decía: “Y me percaté que yo, frente a una situación de abuso, brinco, me encabrono, me dan ganas de correr y contárselo a alguien. Pero también me di cuenta que no todos reaccionan así, a muchos les vale”. La académica de la UAM dice que –a partir de últimas amenazas– Javier había venido a la Ciudad de México para consultar con los directivos de La Jornada  y con el Comité de Protección a Periodistas, “le propusieron salir del país durante una temporada, por protección; quizá alguna capital latinoamericana donde pudiera seguir escribiendo sobre sus temas y recuperar el aliento. Se estaban analizando los detalles para dar ese paso. Los gatilleros le ganaron la carrera”.

Y es que la agresión extrema como es el asesinato de comunicadores serios y comprometidos que realizan investigación se ha vuelto más común a medida que se ha establecido en muchos territorios una estructura que se caracteriza por la relación entre delincuencia organizada y autoridades.

Asesinar a un periodista  tiene poco riesgo para los perpetradores porque se investiga poco o nada a pesar de que desde el 2005 existe una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). El órgano que tiene fundamento en Leyes Generales, Orgánicas, Códigos Sustantivos, Adjetivos, Reglamentos, Decretos, Reglamentos y Acuerdos Internos, así como por Marcos Jurídicos Internacionales como el Acta de París del Convenio de Berna, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Protocolo de Estambul, y otros, ha dado pobres resultados.

De acuerdo a Quiroz del Portal de Transparencia con los ojos abiertos, el presupuesto asignado a la FEADLE (dependencia de la PGR), registró un incremento de más de diez veces entre el año 2012, cuando se le asignaron 3 millones de pesos, y el año 2013, cuando recibió 38 millones 84 mil 788 pesos. Para el 2014, el presupuesto total asignado a la Fiscalía fue de 39 millones, de los cuales, 24 fueron para servicios personales, $1,039,205 para materiales y suministros y $13,620,000 para servicios generales.

Periodistas y organizaciones como Artículo 19 han señalado reiteradamente que la FEADLE llega a niveles de ineficacia muy preocupantes, porque las agresiones a la prensa se multiplican y la impunidad sigue exactamente en el mismo lugar.

Se ha señalado que la atracción a investigación de los casos es prácticamente un juego político, lo que se debe a diversas causales que debe tomar en cuenta el organismo, como que en el crimen se haya utilizado un arma de uso exclusivo del Ejército, que los familiares de las víctimas lo soliciten, el hecho constitutivo del delito trascienda el ámbito de una o más Entidades federativas, lo solicite la Entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo del delito, entre otros.

La realidad contundente es que hay casos críticos como el de Rubén Espinosa que para el día de hoy presenta poco avances en lo que corresponde a la FEADLE. Hace unas horas –en un evento inédito, apagafuegos-, el presidente de nuestro país,  Enrique Peña Nieto propuso como una de las soluciones a los delitos contra la libertad de expresión, “que se fortalecerá la estructura y el presupuesto del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”. Con el antecedente de ineficacia de la Fiscalía, dicha propuesta no es garantía de nada.

Javier Valdez Cárdenas escribió varios libros sobre esa realidad de caída libre de su localidad, de Culiacán y otras entidades de Sinaloa. Una forma de tenerlo presente siempre será adentrándonos a la lectura de cada uno de sus textos.