En México se agrede a un periodista cada 15.7 horas

Foto: Mario Marlo/Somoseledio.org
Con el asesinato de Cándido Ríos Vázquez suman nueve periodistas asesinados en 2017

Ciudad de México, 22 de agosto 2017.- Este martes 22 de agosto asesinaron a balazos junto con otras dos personas al periodista Cándido Ríos Vázquez, colaborador del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan, en el municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

El periodista de 55 años, quien se encontraba dentro del programa de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, fue asesinado cuando regresaba de un café Internet donde había escrito y mandado sus notas para la edición del día. Según el medio digital, Blog.expediente.mx, Cándido Ríos  de origen campesino, se encontraba saludando a dos amigos cuando sujetos armados les dispararon matando al ex agente municipal de Corral Nuevo y ex inspector de la policía de Acayucan Víctor Acrelio Alegría y a su acompañante. Con el asesinato de Ríos Vázquez, en México suman ya nueve periodistas asesinados en 2017. 

El pasado 17 de agosto la organización Articulo 19 publicó el informe semestral que va de enero a junio de este año, donde se registro que en México se agrede a un periodista cada 15.7 horas, 1.5 agresiones por día con un total de 276 incluyendo seis periodistas asesinados y uno desaparecido y se dio a conocer que el 50.7% de las agresiones son por parte de funcionarios públicos hacia la prensa.

Además de las cifras arrojadas, Articulo 19 señaló tendencias para reconocer la violencia en zonas y temporadas específicas de México, los periodos previos a las elecciones federales del 2018 en Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, por ejemplo.

Según el informe, Veracruz, la Ciudad de México y Coahuila encabezan la lista de agresiones contra la prensa con 28 agresiones registradas de enero a junio de 2017, seguidos de los estados de Guerrero y Oaxaca con 23 agresiones. También se denunció que, en municipios pequeños como San Martín Texmelucan, Puebla; Lázaro Cárdenas, Michoacán; y Tecomán, Colima se presentaron amenazas, ataques físicos, acoso, hostigamiento el desplazamiento forzado de un periodista y la desaparición del periodista Salvador Adame en el municipio de Múgica en Michoacán.

El tipo de agresiones más comunes que denunció la organización en el primer trimestre del año son los actos de intimidación, amenaza y ataques físicos o materiales; también se registraron privaciones de la libertad, allanamientos a oficinas de medios de comunicación y a domicilios de periodistas, siendo la Ciudad de México el lugar donde más se presentaron estos casos. 

Dentro del informe se presentó también la violencia de género, con cuatro casos de acoso y hostigamiento con lenguaje violento y connotaciones sexuales, dos amenazas de muerte y una agresión física; además de tres agresiones de tipo discriminatorias por cobertura o identificación con una preferencia sexual no heterosexual: una campaña de desprestigio y difamación con contenido sexual y dos amenazas por redes sociales.

A raíz de la publicación del espionaje del gobierno hacia los periodistas, Articulo 19 dentro de este informe semestral, documentó la violencia contra la prensa en el entorno digital, actos de intimidación, acoso, hostigamiento, amenazas, ataques a sitios y alteración o falsificación de información en línea son el tipo de agresiones que se presentaron, incluyendo nueve casos de intervención de comunicaciones: una vía telefónica y ocho a redes sociales. 

Las agresiones por el tipo de cobertura periodística llevada a cabo por los medios y periodistas también fueron registradas, en el 47.8 % de los casos de la cobertura de “corrupción y política” fue foco de agresiones y del asesinato de un periodista que informaba sobre el tema, el 29% de los casos fueron por publicar temas de “seguridad y justicia” con cinco periodistas asesinados por cubrir esta categoría; 13.4% de “protesta y movimientos sociales”; el 8.3% sobre “derechos humanos”; 1.1% de “tierra y territorio” y el 0.4% sobre “sector privado”. 

El informe concluyó con la denuncia de la impunidad, la incapacidad del gobierno mexicano para frenar la violencia contra periodistas y el aumento de las agresiones contra este sector. Y exigió “la construcción de una policía publica integral para garantizar la libertad de expresión, mediante la cual se coordine las medidas de protección a periodistas con la investigación de los casos de violencia.”