Guatemaltecos desalojados se refugian en México

Vía Mov. Migrante Mesoamericano
La comunidad agrícola es acusada de asentamiento ilegal en el área protegida

México, CDMX  13/06/2017.- El pasado viernes 2 de Junio organizaciones civiles de México y Guatemala informaron que cerca de 700 personas de la comunidad de San Andrés en Laguna Larga, Municipio de La Libertad en Petén, Guatemala fueron desplazadas de sus tierras de manera forzada por más de 1500 efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército Nacional de Guatemala, la Brigada Especial de Operaciones de Selva (Beos), personal de la División Protección de la Naturaleza (Diprona) y guarda recursos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).  Como resultado de ello, las personas desalojadas no tuvieron otro camino posible más que caminar hacia la frontera con México a la altura de Candelaria, Campeche a 7 kilómetros del Ejido El Desengaño.

A través del portal de Movimiento Migrante Mesoamericano, se reportó que entre esas 700 personas se encuentran principalmente, niños, niñas, mujeres y adultos mayores, quienes tras haber recorrido varios kilómetros en plena época de lluvias se encuentran en una situación de emergencia humanitaria y crisis médico- humanitaria. Algunos de los niños y niñas presentan enfermedades gastrointestinales y cutáneas que no han sido atendidas, pues las autoridades federales presentes les impiden acudir al poblado más próximo bajo la amenaza de deportarles.

Los pobladores de la comunidad de San Andrés, se alojan en 35 carpas en muy mal estado, mismas que no cuentan con suficientes alimentos, medicamentos, ni productos de primera necesidad. La lluvia presente en los últimos días ha hecho aún más laborioso el abastecimiento de vivieres y ha empeorado las condiciones de salubridad en la que los refugiados se encuentran.

Por su parte, representantes de la comunidad desplazada señalan que al llegar fueron recibidos por una comitiva del gobierno de México y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) quienes ya tenían conocimiento de la situación; sin embargo, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les han intimidado y amenazado argumentando que si continúan su camino en México serán detenidos y deportados a su país de origen.

Por otro lado, el Comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, al momento de pedir personalmente la debida atención de la situación, señaló que el gobierno mexicano no comprará “problemas de extranjeros”, lo que supone una postura negativa del gobierno federal a brindar ayuda a los refugiados.

De acuerdo con la fiscalía de Delitos contra el Ambiente quien en concordancia con una orden efectuada por un juez de la Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente creada en 2015, la comunidad de San Andrés en Laguna Larga, fue desalojada por ser acusada de asentamiento ilegal en el área protegida. Según la directora regional CONAP-Petén, los habitantes de la comunidad selvática fronteriza han “invadido” una porción de tierra dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre en la Reserva de la Biósfera Maya por menos de cinco años. Sin embargo, la comunidad agrícola asegura haber vivido en ese lugar por más de 17 años.

En testimonios, habitantes aseguran que la CONAP se negó a dialogar y llegar a un acuerdo con ellos para regularizar su aldea, además de que planean despojar a otras 18 comunidades presentes en la Reserva de la Biósfera Maya, Guatemala.

Aunque el Instituto Nacional de Migración (INM) de México ha prohibido a la comunidad Guatemalteca viajar o asentarse en el Ejido, el municipio de la Candelaria se ha organizado en El Desengaño y en la Ciudad de Candelaria en apoyo a la comunidad, para recaudar comida, agua y víveres.

Finalmente el pasado 7 de Junio, representantes del INM, Grupo Beta, CNDH, Policía Municipal Estatal de Campeche, así como el consulado de Guatemala en Tenosique Tabasco, se reunieron con el fin de encontrar un acuerdo. Sin embargo, el director del Grupo Beta, Jorge Vázquez Oropeza, informó que no se llego a un acuerdo en concreto, pero reitero que la decisión en cuanto al poblado debe ser tomada principalmente por el Gobierno de Guatemala.

Por su parte los habitantes que tras ser desalojados dejaron atrás cosechas, animales, viviendas y pertenencias, agradecen la atención recibida en México y esperan que sus demandas tengan una pronta resolución. Así mismo, hacen un llamado a Instituciones Internacionales para que les sean brindados los servicios de salud lo más rápido posible, así como asesoría internacional para monitorear su situación con dignidad y justicia, entablando un dialogo abierto y justo con el gobierno de Guatemala.