La caravana “Juntos contra la Impunidad” denunciará crímenes de Estado

Lugar de la masacre del Charco en Ayutla, Guerrero. Foto: Prometeo Lucero

Ciudad de México, 20 febrero de 2018.- La Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. realizará la gira "Juntos contra la Impunidad" en las ciudades de Washington D.C. y Nueva York., del 3 al 12 de marzo. Esto fue anunciado por Ericka Zamora Pardo, representante de la red, y víctimas y sus familiares, ayer en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS). La gira tiene como objetivo exponer los casos que llevan litigando desde hace 11 años, como el caso de la masacre del Charco (Guerrero), que este 7 de junio se cumple 20 años donde integrantes del ejército mexicano ejecutaron extrajudicialmente a 10 indígenas na savi y un estudiante de la UNAM.

La presentación de estos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de los defensores de DH se ve inevitable porque actualmente los sobrevivientes y las viudas de este hecho se encuentran en total olvido. Al respecto, el gobierno mexicano ha permanecido omiso y ha permitido que se encuentren en total impunidad los generales Luis Humberto López Portillo Leal y Alfredo Oropeza Garnica, quienes estuvieron a cargo de la masacre. En este contexto, cabe señalar que el activista Arturo Hernández Garnica fue ejecutado extrajudicialmente en Iguala, Guerrero, el 30 de mayo de 2013. Henández siempre exigió justicia por la masacre del Charco.

De acuerdo con la declaración del activista social Nicolás Mendoza Villante ante el Ministerio Público del estado de Guerrero, el señor Hernández Cardona era el entonces presidente municipal de Iguala cuando este último fue asesinado. Así, la hija del exalcalde y activista, Soledad Hernández Cardona, acompaña el proceso de entrega de la petición de admisibilidad del caso ante la CIDH. "Como se puede desaparecer, torturar, amenazar a una persona que transite por Guerrero sobre todo por Iguala" (8 activistas desaparecidos), preguntó en CENCOS, Soledad Hernández Cardona, lamentando el hecho de que "hoy es demasiado costoso defender DH, y ser activista en Guerrero es demasiado peligroso".

Hasta la fecha no hay ninguna sentencia a los culpables, por eso, ante todos estos hechos decidieron iniciar el proceso de admisibilidad del caso ante la CIDH. La Red alza la voz por Jorge Cortés Carmona, estudiante veterinaria de la UAG, desaparecido el 28 de octubre de 2017 en Cuajinicuilapa (Guerrero), y posteriormente su cuerpo fue encontrado el 7 de noviembre del mismo año. El Estado mexicano asumió el compromiso ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU  para "seguir desprendiendo las investigaciones y los esfuerzos a efecto de esclarecer los hechos suscitados en agravio de la víctima en comento, y ejercer acción penal en contra de los responsables".

Sin embargo, no existen avances en las investigaciones. "No olvidamos, no perdonamos. Empezó en los años cincuenta y siempre el ejército mexicano ha sido la respuesta", se indignó Julio Mata, representante del caso Carmona. Continuó "justicia es lo que el pueblo mexicano está pidiendo desde ya muchos años". Según Mata, el Estado mexicano esta llevando un "terrorismo de Estado" contra el pueblo mexicano y habló de una "crisis humanitaria que no es gratuita y tiene que ver con toda la dependencia del Estado mexicano hacia otros países". En este marco, la "gira internacional" que realizan es la mejora opción para "seguiremos denunciando nacional e internacionalmente la criminalidad del Estado mexicano".

Por otro lado, la impunidad en el estado de Guerrero ha aumentado a pesar de las miles de voces que exigen justicia, es por eso que a partir del pasado 22 de diciembre de 2017, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad acompaña a la mamá, hermanos y tíos de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de Ayotzinapa que fue ejecutado el 27 de septiembre de 2014. Exigen la reclasificación de delito en el caso de Julio, que actualmente está clasificado como homicidio calificado, por el de ejecución extrajudicial y tortura, y que este proceso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR). Afrodita Mondragón, mamá de Julio César, contó su historia en CENCOS, y añadió que el único delito de su hijo fue su voluntad de ser profesor. Acusó al Estado mexicano el hecho de que todavía no hubo justicia por la muerte de Julio César, y lamentó que "la educación en México se paga con sangre y vidas".

El tío del estudiante fallecido también estuvo presente en CENCOS y explicó que el caso de su sobrino fue "omitido por las autoridades", que "siempre intentaron de minimizar los hechos o fragmentaron los casos", concluyendo que todos estos asuntos (los 43 de Ayotzinapa, Julio César Mondragón, etc.) necesitan "una sola investigación". Así, los familiares de la víctima piden investigación completa de este caso, "no se puede omitir la investigación de un caso tan grave".

Además, el estado de Veracruz no se queda atrás en las violaciones a los derechos humanos por lo que los activistas que luchan por la justicia se niegan a dejar de seguir solicitando ante la CIDH, el informe de fondo del caso de los indigenas nahuas de Astacinga, Veracruz, Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, acusados de delincuencia organizada en la moralidad de cometer actos de terrorismo. Si bien ellos ya se encuentran en libertad y absueltos de tal delito, sigue sobre la mesa la violación a sus derechos convencionales, a la detención arbitraria y a la ilegalidad del arraigo que sufrieron, piden que esta injusticia sea reparada integralmente.

También, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad solicitará a la CIDH, el Informe de Admisibilidad del caso de "experimentación sin autorización por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco", caso por el cual el doctor y defensor de derechos humanos, Rodolfo Ondarza Rovira ha sufrido en estos últimos días amenazas a su integridad. Cabe mencionar que es la segunda vez que su vida se encuentra en peligro (fue víctima de una tentativa de homicidio por parte del director del Instituto). Presente en la conferencia en CENCOS, el doctor llevó un informe sobre el caso, la respuesta del Estado mexicano que no es suficiente.

Por eso expresó su voluntad de traer el informe ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ya que murieron muchos pacientes en 8 centros y todavía no se encuentra tampoco justicia por estas víctimas Por otra parte, la lucha por los derechos a la libertad sindical está presente en esta gira, puesto que siguen exigiendo que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, reciba al representante del grupo de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que han sido despedidos por defender sus derechos laborales, el ingeniero Marco Antonio Medrano. Desde hace un año fue entregada la petición de admisibilidad a la CIDH por este caso. "No podemos que los defensores de derechos humanos sean agredidos y que su vida peligre, por su búsqueda por la verdad y la justicia", resumieron los nueve representantes de todos estos casos en su conferencia de prensa ayer, martes 20 de febrero, en CENCOS. Elsa Arista González, de la Liga Mexicana por la Defensora de los Derechos Humanos (LIMEDDH), por su parte, lamentó la sistemática represión de los movimientos por la defensa de los derechos humanos en México.

A 20 años del Charco, el caso sigue impune, lo que refleja "la acción sistemática del Estado mexicano a usar las fuerzas armadas" para esconder una injusticia. Además, según ella, la Ley de Seguridad Interior es una nueva etapa peligrosa para los activistas en el país. "Necesitamos acudir a las instancias internacionales porque México es incapaz de resolver sus conflictos internos", acusando al mismo estado de "crimen de lesa humanidad". En efecto, si el mecanismo federal de protección de los derechos humanos, de los periódicos, de los estudiantes, y los demás, no se cumple en México, cabe recordar que el país no es firmante de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992.