La #leychayote y los contratos de TV8

✍ Opinión

En noviembre de 2017, y después de 4 años de haber atraído el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo 1359/2015 interpuesto por la organización internacional Artículo 19 en 2014 relativo a la omisión legislativa del Congreso de la Unión para establecer una Ley General reglamentaria artículo 134 de la Constitución. (Ver sentencia aquí)

Mucho se ha escrito en los meses posteriores sobre cómo se debía avanzar en el establecimiento de una Ley General que regulara la publicidad oficial, se resaltó la importancia de los “Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión” emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011, que establecen estándares continentales en esta materia (Ver principios aquí). 

Por su parte, organizaciones civiles, académicas y empresariales, hicieron público el documento “Bases mínimas para la regulación de la publicidad oficial” que establece el presente decálogo:

La publicidad oficial no debe desaparecer, debe transparentarse, limitarse y controlarse.

La Ley General, debe ser completa, es decir debe incluir a los tres poderes de la Unión, a los tres órdenes de Gobierno, a los organismos públicos y a cualquier persona que ejerza recursos públicos por concepto de publicidad. Debe impedir el contenido propagandístico de la publicidad, la discrecionalidad, la opacidad, las deficiencias en la planificación, la ausencia de rendición de cuentas y sanciones, la inequidad de la contienda y la poca utilidad de las campañas.

Definir criterios de asignación basados en la idoneidad, sin que sean “premios o castigos” (restricción directa e indirecta) en función de los contenidos editoriales.

Máxima publicidad, rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos.

Transparencia en la regulación de la medición de la audiencia, estableciendo un sistema imparcial y externo.

Que los contenidos de utilidad pública sean libres de promoción personalizada.

La publicidad oficial debe ser siempre identificable, en sintonía con el artículo 6, inciso B, fracción IV de la Constitución, que prohíbe la transmisión de publicidad o de propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

Fomento a la pluralidad y la diversidad a través de ayudad indirectas o subsidios explícitos y neutros, que se diferencien de la publicidad oficial. Éstos deben promover la diversidad cultural y lingüística, combatir la concentración y ayudar a la industria mediática.

Mecanismos de control externo, ya sea un órgano, organismo, comisión de vigilancia consejo nacional. También se deben explicitar conflictos de interés en grupos creados o controlados por actores de gobierno, así como se deben establecer sanciones.

Finalmente, las organizaciones proponen el uso racional de los recursos públicos.

Para atender la sentencia, el 10 de abril la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social, cuyo propósito, según el documento, es “establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en materia cumpla con los criterios de eficacia, economía, transparencia y honradez”.

Como establecieron algunos oradores durante la discusión, esta propuesta no cumple con lo establecido por los Principios de la CIDH, ni con la sentencia de la SCJN y además ignora lo expresado por las organizaciones con el posicionamiento #medioslibres, ya que deja la administración de la Ley (Secretaría Administradora) a la Secretaría de Gobernación, dándole facultades para establecer un padrón nacional de medios, registrar programas, autorizar planes y manejar presupuesto; por ello esta Ley se ha denominado #LeyChayote.

CASO TV8 DESDE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En un caso local, el 09 de abril distintos medios de comunicación hicieron público que: “Por medio de contratos por publicidad y servicios, empleos en la nómina, liquidaciones y hasta becas escolares, la familia de la regidora del PRD en el Ayuntamiento de la capital Silvia Rocha Miranda, el empresario televisivo Jorge Rodríguez Medrano, sus dos hijos y una nuera han cobrado del presupuesto de la administración pública municipal cerca de 8 millones de pesos en dos trienios, del 2012 al 2017”, señala la nota de Verónica Espinosa publicada en el semanario Proceso (Ver Nota).

El 15 de marzo, hace apenas un mes, el Congreso del Estado hizo una modificación al Código Penal eliminando los delitos de difamación y calumnias por ser contrarios a la libertad de expresión, y además incluyó el daño moral en el Código Civil. Con esta reforma, se añade, entre otros, el artículo 1406-G se retoma la “Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal” al definir qué es un asunto de interés público, señalando que:

Son asuntos de interés público “los datos y hechos sobre el desempeño, en el sentido más amplio, de los servidores públicos; y los datos sobre acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos y culturales que pueden afectar, en sentido positivo o negativo a la sociedad en su conjunto”.

Por lo que es relevante señalar que la utilización de la posición en el Ayuntamiento por parte de dicha Regidora, y los contratos de publicidad de una empresa de comunicación SON ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO y su difusión y publicidad están TOTALMENTE protegidos por la libertad de expresión y la reciente reforma al Código Civil señalada. Es decir, NO es un asunto entre particulares, o entre medios, como la Regidora señaló después al Excélsior.

Además, requiere no solamente una investigación al interior de los órganos de control en el Ayuntamiento, sino por aquellos encargados del combate a la corrupción, también recientemente creados en la entidad, profundizando no sólo en los contratos del gobierno municipal, sino también los relativos al gobierno del Estado.

Aplicando lo señalado al principio de este texto por los #medios libres, es relevante la necesidad de TRANSPARENTAR estos contratos, así como cualquier otro relativo a la publicidad oficial. Será necesario revisar también su IDONEIDAD, es decir si estos se han establecido en función de la línea editorial del medio, y verificando como lo señala el estándar planteado por las organizaciones, si existe claridad en la MEDICIÓN de la audiencia, y en el cumplimiento de los objetivos de estos contratos.

Las organizaciones consideran que debe haber controles externos de los contratos de publicidad DE ESTA Y DE OTRAS EMPRESAS DE COMUNICACIÓN, los cuales no existen actualmente en la entidad; debe también clarificarse SI EXISTEN CONFLICTOS DE INTERÉS entre grupos controlados por el gobierno, sea este municipal o estatal. Además, debe fomentarse la PLURALIDAD Y LA DIVERSIDAD en los medios de comunicación.

CONCLUSIÓN

El Gobierno del Estado ha gastado cerca de 900 millones de pesos en publicidad oficial en lo que va de esta administración, excediendo topes y en total ausencia de criterios de asignación de contratos de publicidad, incluso con acusaciones de empresas fantasma relacionadas con medios de comunicación. Esta práctica, considerada lesiva de la libertad de expresión en la sentencia de amparo mencionada, se replica también en lo municipal.

En el caso el canal de televisión TV8 es necesario que se clarifiquen los criterios en la asignación de los contratos de publicidad del Gobierno Municipal y el eventual conflicto de interés existente, de lo contrario se enviará un mensaje que legitima el uso discrecional de los recursos públicos.