Ley de Reconstrucción llena de inconsistencias: Damnificados de la CDMX

CDMX, 3 de diciembre 2017.- El día de ayer se realizó el Segundo Encuentro de Damnificados por los sismos de septiembre pasado. Al encuentro asistieron personas no sólo de las delegaciones centrales de la CDMX, sino también damnificados del Estado de México y Juchitán Oaxaca quienes expresaron que la SEDATU y Rosario Robles se han desentendido de la desgracia de aquella población. “Al principio llegaron y entregaron tarjetas por un monto de 100 mil pesos para canjear por materiales de construcción a una empresa que traían atrás de ellos”.

En la presentación, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia presentaron avances de un censo que están realizando debido a que –como dicen la mayoría de los damnificados– la información de la Plataforma CDMX presenta muchas inconsistencias. Los jóvenes apuntaron que “para el primer corte realizado por la tarde de del 1 de diciembre, el cuestionario ha sido contestado por personas pertenecientes a sesenta inmuebles emplazados en las delegaciones Tláhuac (40.4%), Benito Juárez (24.6%), Coyoacán (10.5%) Iztapalapa (3.5%), Gustavo A. Madero (3.5%), Cuauhtémoc (3.5%) y Xochimilco (2.5%). Se consideraron en el levantamiento edificios, viviendas unifamiliares y viviendas en vecindad que en conjunto representan 1,135 hogares afectados, de los cuáles el 77.2% han sido revisados por especialistas, mientras que el 22.9% no cuentan con dictamen alguno hasta el momento. Sin embargo, la mitad de los inmuebles que han sido revisados por especialistas carecen de un documento que haga constar la inspección física visual por parte de un Director Responsable de Obra. Por su parte, en los dictámenes obtenidos los daños evaluados han sido considerables: de los sesenta inmuebles el 73.5% presentan grietas, el 66.7% daños en elementos estructurales y el 38.1% hundimiento. El censo ha corroborado que al menos el 40.4% de los inmuebles no han sido clasificados y no aparecen en la plataforma o aparecen clasificados de una manera que no corresponde a los dictámenes o a su ubicación”.

En la reunión se realizaron mesas de trabajo con dos temas y una plenaria, en una mesa se discutieron cuestiones técnicas como la ruta para la obtención de los dictámenes, y en la otra se revisaron las inconsistencias o fallas de la Ley de Reconstrucción recientemente aprobada. En esta asignación colaboraron miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes redactaron un documento en el que se analizan con detalle los inconvenientes de dicha ley. Mónica Ramón mencionó que en primer lugar, hay un problema con la Plataforma CDMX en el sentido de no hay una oficina o funcionario responsable específico de integrar y operar la Plataforma. Otro problema que se le reclama a la ley, es que para el otorgamiento de los apoyos se realizarán estudios socioeconómicos a los solicitantes, lo que se considera discriminatorio ya que muchos afectados pertenecen a sectores medios que pueden ser rechazados “como si no tuvieran los mismos derechos a la intervención con recursos públicos para recuperar su patrimonio”.

Otro aspecto problemático se reconoce en el Fondo de Reconstrucción, ya que no específica “prelaciones o prioridades en el uso del recurso, lo que permite que el dinero sea destinado libremente por las autoridades del gobierno de la ciudad, y peor aún, la intromisión sin ningún sustento técnico por parte de los diputados de la ALDF”. En este sentido, se califica como intrusiva la intervención de la Comisión de Gobierno de la ALDF, ya que “violenta el principio de división de poderes establecido en la Constitución y abre la puerta a determinaciones discrecionales, donde el riesgo es que, ante la ausencia de criterios técnicos, se usen valoraciones políticas o incluso motivaciones económicas para la actuación de la autoridad”.

El análisis sobre la ley –que fue muy detallado– hizo referencia a otras fallas o inconvenientes, y en la réplica o el espacio para las propuestas, coincidieron la mayoría de los participantes en iniciar las diligencias jurídicas que se requieran para exigir la revocación de la Ley de Reconstrucción, al mismo tiempo que se continuará con la movilización hasta obtener una respuesta de las autoridades que le sirva realmente a los damnificados.