Piden a la SCJN declaren inconstitucional la Ley de Seguridad Interior

La estrategia de seguridad ha permitido la presencia del Ejército en las calles un fracaso

Ciudad de México, 13 de febrero 2018.- En los últimos 12 años la violencia en México se ha incrementado. La estrategia de seguridad que ha permitido la presencia del Ejército en las calles ha resultado un fracaso. La Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles del país. Así lo denunció el colectivo Seguridad sin Guerra en un comunicado. 

El colectivo detalló que no hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos. Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes.

Destacaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para declarar inconstitucional esta Ley que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de Seguridad Pública, a costa de la seguridad ciudadana y el régimen constitucional. A esto se suma, el problema que existe en los conceptos vagos e imprecisos  que contiene la Ley, lo que faculta a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia reales.

De manera puntual, se refirieron a la Ley como un ordenamiento que busca afianzar una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia. Por lo que, un número histórico de Acciones de Inconstitucionalidad, Controversias Constitucionales y Juicios de Amparo han sido promovidos por decenas de actores, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores; el Gobierno del Estado de Chihuahua; varias Comisiones estatales de Derechos Humanos; y los municipios de Nezahualcoyotl, Edomex; Ocuilán Edomex; Cocotitlán Edomex; Oxkutczab, Yucatán; Tepekan, Yucatán; Hoctun, Yucatán; Ahuatacán, Puebla; San Pedro Cholula, Puebla; Tepeyahualco, Puebla; y Hidalgo del Parral, Chihuahua, más los que hoy puedan sumarse.

Además, organizaciones de la sociedad civil y personas que defienden y promueven los derechos humanos en el país, así como periodistas, han solicitado el amparo de la justicia federal contra la Ley de Seguridad Interior, ya que explican  que su aplicación obstaculiza e inhibe su labor al propiciar condiciones que vulneran la seguridad en el ejercicio de su trabajo.

Algunos de los aspectos preocupantes de la Ley de Seguridad Interior que ha destacado el Colectivo Seguridad Sin Guerra son:

  • No establece plazos definidos de duración de las intervenciones federales. Estos pueden ser modificados, así como el objetivo de las mismas, conforme se desarrolla la intervención.
  • No se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas; tampoco se determinan mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometan abusos y violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la ley.
  • La ley viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
  • Aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de derechos humanos.

Por estas razones el Colectivo solicitó a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fortalecer el balance que debe mantenerse en la relación cívico militar y detener la militarización de la Seguridad Pública. Pidieron que corrijan lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos.

Finalmente exhortaron a las y los ministros a que defiendan la Constitución y declaren inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. "Es lo que esperamos de nuestras Juezas y Jueces Constitucionales."