Se sacrifica salud de los niños mexicanos en la renegociación del TLCAN

Ciudad de México, 12 Marzo de 2018.- Violando convenios y tratados internacionales que establecen que la protección de la salud debe estar por encima de cualquier interés comercial, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), negociadores de México y Estados Unidos, cabildeando a favor de la gran industria de alimentos ultra-procesados y bebidas azucaradas, acuerdan bloquear recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de la Salud para combatir la epidemia de obesidad.

En el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) de la CDMX, Alejandro Calvillo, Director de El Poder del Consumidor, Yarishdy de la Mora, Directora de Salud Crítica, y Julio Salazar, Asesor legal de El Poder del Consumidor, presentaron información sobre las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que se están realizando a puerta cerrada, entregando y sacrificando la salud de los niños mexicanos para beneficiar intereses puramente comerciales, violando el interés superior de la infancia sobre los acuerdos comerciales, actuando en sentido totalmente contrario a las recomendaciones de la OMS, OCDE, CEPAL, PMA, FAO e institutos nacionales de salud.

En está renegociación el TLC bloquea la política de prevención de obesidad para favorecer a corporaciones de comida chatarra y bebidas azucaradas. Según información recibida por organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria confirman que existe una iniciativa presentada por el jefe del grupo de negociadores de Estados Unidos, Jamieson Greer, que establece la prohibición para tener etiquetados frontales de advertencia en alimentos y bebidas no saludables, como los que recomienda la Organización Panamericana de la Salud y que se han establecido en Chile y Ecuador y se proponen en Canadá, Perú, Uruguay, Brasil y México. En la práctica, esta propuesta pondría un obstáculo a la implementación de una de las políticas que más beneficios está demostrando en el combate al sobrepeso y la obesidad, enfermedades que en México se han declarado emergencias epidemiológicas.

En México, 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños y adolescentes pesan más de lo que deberían, reflejando una epidemia de sobrepeso y obesidad. Esta situación se agravó en las últimas dos décadas, periodo en el cual las políticas alimentarias favorecieron la comercialización de alimentos y bebidas ultra-procesados. Así, el etiquetado nutrimento frontal aprobado por el gobierno mexicano ha sido útil a la industria alimentaria, no al consumidor y su salud. Estos productos son generalmente altos en azúcares, sodio y grasas dañinas, contribuyendo a la epidemia de obesidad, así como a la diabetes y enfermedades cardiovasculares, primeras causas de muerte en el país.

Por lo tanto, los etiquetados frontales de advertencia han recibido el respaldo de la OPS/OMS, de UNICEF, de la FAO, del AMA y de CEPAS, además de diversos organismos académicos internacionales como una de las medidas más necesarias y costo efectivas para enfrentar la epidemia de obesidad. De hecho, reducir el consumo de azúcares, sodio y grasas dañinas, es una manera de cuidar la salud, evitar muertes prematuras y mejorar la calidad de vida de las personas. Para ello, aquellos organismos internacionales y regionales recomiendan a los países implementar un etiquetado nutrimento en la parte frontal de los productos alimenticios envasados, fácil de entender y útil, para evitar estos productos. De tal manera, el etiquetado debe formar parte de una política integral contra el sobrepeso y la obesidad, particularmente entre la niñez y adolescencia.

Según las organizaciones, el actual etiquetado nutrimento frontal vigente en México tiene serias limitaciones ya que desde su diseño, la regulación omite las recomendaciones nacionales y regionales, denotando un marcado interés en favor de la industria de bebidas y alimentos. Como lo señalaron en CENCOS los defensores de la salud y del consumidor presentes, primero, el actual etiquetado no fue diseñado por un grupo de trabajo de expertos y libre de conflicto de interés, al contrario, utiliza el etiquetado tipo GDA (Guías Diarias de Alimentación), un formato impulsado por la propia industria de alimentos, lo cual demuestra el conflicto de interés que se realiza en el proceso. Por otra parte, este etiquetado no partió de la evidencia científica. Por ejemplo, en respuesta a una solicitud de acceso a la información, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) declaró que no se realizó ningún estudio o evaluación que respaldara la elección del etiquetado tipo GDA. No obstante, ya existía evidencia del Instituto Nacional de Salud Publica (INSP) que indicaba que únicamente el 1.8% de los estudiantes de la carrera de nutrición tuvo una interpretación correcta de la información presentada en este formato GDA. Luego, dicho etiquetado utiliza un formato y concepto incomprensibles para la población mexicana, además, la regulación adoptó términos engañosos e incomprensibles para el consumidor como « azúcares totales » y « otras grasas » en lugar de « azúcares añadidos » y « grasas totales ». Por fin, este etiquetado usa un valor de referencia de azúcares que induce un alto consumo.

Así, está claro que el etiquetado frontal mexicano tiene grandes deficiencias, principalmente que no cumple con el criterio fundamental de ser rápido y sencillo de entender. Un elemento que le agrega complejidad es que la información se muestra en calorías, un concepto poco entendible por la población ya que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Obesidad 2015, solo el 12% de los encuestados tiene noción de su requerimiento calórico diario, por lo que la información mostrada en el etiquetado no es interpretable. Además, el formato GDA asume que las personas deben consumir cierta cantidad de azúcares, sodio y grasas, cuando en realidad estos son los nutrimentos que se buscan limitar y por ende los valores no se deben mostrar como metas sino como valores límites. A este respecto, las recomendaciones para fortalecer la regulación en México son las siguientes : en primer lugar, se trataría de replantear el sistema de etiquetado frontal, estableciendo primero una comisión independiente de expertos, libre de conflicto de interés, que determine el mejor tipo de etiquetado frontal a partir de su evaluación directa con la población mexicana, incluyendo a niños y adolescentes. Segundo, la evidencia sugiere que se haga uso de colores, símbolos o palabras que adviertan al consumidor la presencia de altas cantidades de nutrimentos críticos que deben limitarse debido a las altas cifras de sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares en el país. Por fin, los criterios nutrimentales utilizados no deben ser contradictorios con las otras medidas para contener el problema de exceso de peso y diabetes por lo que se sugiere que el mismo comité de expertos independientes y libre de conflicto de interés sea quien determine los criterios comunes a dichas políticas.

A ese respecto, Yarishdy Mora, directora de vocera de Salud Crítica, subrayó : « El objetivo de reformular el etiquetado frontal y de evitar el conflicto de interés en la política contra la obesidad surgieron del reconocimiento de la interferencia de la industria tanto en el diseño del proprio etiquetado como en su presencia predominante en el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles creado por la Secretaria de salud para, entre otras cosas, evaluar las políticas contra la obesidad. Somos testigos, ahora, de que estas empresas pretenden bloquear una política sustantiva para enfrentar la epidemia de obesidad a través de establecer en la renegociación del TLCAN, la prohibición de etiquetados que adviertan a los consumidores el alto contenido de azúcares, grasas y sodio ».

Por otra parte, la información recibida indica que quien ha promovido esta nueva iniciativa en cuanto a los etiquetados frontales del lado mexicano es el asesor de la iniciativa privada en las renegociaciones del TLC, Jaime Zabludovsky, quien fue jefe negociador del gobierno mexicano del TLCAN en 1994 y que durante años ha estado al frente de ConMéxico, organismo empresarial que ha llevado la estrategia de cabildeo de la gran industria de alimentos ultra-procesados y bebidas azucaradas contra las políticas de prevención de la obesidad en México, impidiendo una regulación efectiva del etiquetado frontal, logrando establecer un etiquetado diseñado por la industria, además de debilitar al extremo la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia en el país. ConMéxico también ha jugado un papel fundamental en la Alianza de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas de América Latina (ALIAB) que se ha declarado en contra de los criterios de consumo diario de azúcar establecidos por la propia Organización Mundial de la Salud, se ha opuesto activamente contra los etiquetados frontales de advertencia ya establecidos en Ecuador y Chile y a los propuestos en Perú y Uruguay y ha estado en contra de los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos con alta densidad calórica en México. ConMéxico, incluso, públicamente se ha opuesto a la regulación para garantizar la oferta exclusiva de alimentos y bebidas saludables a los niños en las escuela.

Por todas estas razones, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, organización miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria, indicó : « La propuesta promovida por Zabludovsky y las grandes corporaciones de alimentos y bebidas, y que ha sido presentada por los negociadores estadounidenses, pretende establecer que el etiquetado frontal diseñado por la industria, conocido como GDA, y que se ha establecido en México, sea obligatorio también en los Estados Unidos y Canadá. Documentos públicos de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud dirigidos al gobierno mexicano y a otros gobiernos de la región han señalado que este etiquetado frontal (GDA) no es comprensible por la población y que los criterios de azúcar que utiliza representan un riesgo a la salud, señalando claramente que este etiquetado no se desarrolló en base a la evidencia científica ni a las recomendaciones del organismos internacional ».

En México, el Instituto Nacional de Salud Pública se ha sumado a las observaciones de la OMS para apuntar que el etiquetado representa un riesgo a la salud y no cumple con los objetivos de orientar a los consumidores. Por su parte, el Poder del Consumidor presentó en 2014 un amparo que llevó a una sentencia de un juez en la que se establece que este etiquetado viola el derecho a la salud y el derecho a la información. COFEPRIS, entidad que estableció este etiquetado frontal en contubernio con la industria, sin consulta a los institutos de salud, ha apelado la sentencia y el caso ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En cambio, los etiquetados de advertencia establecidos en Chile y Ecuador, y los propuestos en Canadá y Brasil marcan una tendencia global que ha surgido desde América Latina y a la que se ha sumado Canadá, que afecta los intereses de las grandes corporaciones de ultra-procesados y bebidas azucaradas. Ante la imposibilidad de frenar el avance de esta regulación en naciones como Chile y Ecuador, la gran industria busca bloquear esta propuesta en América del Norte a través de la renegociación del TLCAN. De esta manera se pondría un obstáculo a la propuesta avanzada en Canadá de un etiquetado de advertencia y la posible resolución de la SCJN en contra del etiquetado frontal establecido por la industria en México.

Julio Salazar, asesor jurídico de El Poder del Consumidor destacó : « La intención de establecer en la renegociación del acuerdo comercial de América del Norte, una prohibición para el establecimiento de un etiquetado frontal en alimentos y bebidas que advierta a los consumidores que los productos presentan altos contenidos de azúcar, sodio o grasas saturadas, excede los límites de un acuerdo comercial violando el derecho a la salud. Los acuerdos comerciales reconocen la supremacía de los derechos humanos y de la salud encima de los intereses y derechos comerciales. Esta propuesta no sólo va contra la Constitución Mexicana que establece que no pueden celebrarse acuerdos que contravengan los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna, también contraviene los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia existente en los propios acuerdos comerciales que han dado primacía al derecho a la salud sobre los derechos comerciales ».