Sin resolución el caso de los 72 migrantes en Tamaulipas

A siete años de la masacre de migrantes en el rancho “Huizachal”, San Fernando

Ciudad de México a 26 de agosto de 2017.-  El 24 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución donde obligó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a cumplir con sus facultades, permitiendo la clasificación de violación grave a derechos humanos al caso de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

A siete años de la masacre de 58 hombres y 14 mujeres migrantes el 24 de agosto del 2010, y con siete amparos realizados por los familiares de las víctimas en contra de la falta de reconocimiento de responsabilidad del gobierno mexicano, los familiares siguen sin recibir copias del expediente de queja CNDH/5/2010/4688, a pesar de lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

La organización Artículo 19, junto con la Fundación para la Justicia han promovido dos amparos a favor del acceso a las averiguaciones en las masacres de San Fernando 2010, San Fernando 2011 y Cadereyta 2012, argumentando que cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad “esclarecer públicamente la verdad no sólo es derecho de las víctimas, sino que acceder a esta información constituye un derecho humano de toda la sociedad que debe ser resguardado”, menciona Artículo 19 en un comunicado publicado el 23 de agosto.

El 3 de agosto la Fundación para la Justicia recibió la copia de 17 de los 19 tomos de la investigación elaborada por la Procuraduría General de la República (PGR) del caso Cadereyta, de los cuales menciona que “ejemplifican la simulación y la burla con la que el Estado mexicano pretende garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad”.

Artículo 19 exigió que se abran las investigaciones de la PGR en las tres masacres de migrantes, así como la entrega de la información de la masacre del 2010 “en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información”, pues en el caso de la investigación de Cadereyta se entregaron en condiciones de opacidad.