Sobre la elección para la Rectoría de la UACM

Foto: Mario Marlo
✍Opinión

Para contar con algunos elementos mínimos de análisis se deben destacar algunos puntos para formarse una opinión. Me parece que un primer problema radica en algunas ambigüedades y vacíos normativos que se derivan hacia el Reglamento del Consejo Universitario de la UACM. Dentro de los temas referidos se encuentra una cierta indefinición de las responsabilidades de los consejeros titulares y de los consejeros suplentes. Al respecto el artículo 13 la fracción 7 señala como responsabilidades del consejero titular, "el mantener una comunicación permanente con el sector al que representa, realizar consultas y recuperar sus propuestas teniendo la obligación de hacerlas llegar a las instancias conducentes; así cómo darle seguimiento hasta su desahogo e informando a quién o quienes suscriben la propuesta respecto del estado de la misma. La misma responsabilidad compete a los consejeros suplentes y está establecida en el artículo 14 fracción quinta. Derivado de la anterior normativa surgen diversas interpretaciones debido a que no se establece una regla decisional específica que establezca fehacientemente el vínculo entre dicha dinámica de consulta ligado a un mandato imperativo que recupere las propuestas del sector representado y su respectivo desahogo.

En el actual proceso de elección se realizaron las fases contempladas en la convocatoria que establecieron la celebración de una consulta amplia en la comunidad Universitaria así como la de un mecanismo de auscultación llevado a cabo por los consejeros entre los sectores representados por sector, sede y plantel. La primera fase de celebración de la consulta se realizó con un nivel alto de participación de la comunidad universitaria, la cual se calculó en un 17% del total de la misma.

La celebración de la consulta no estuvo ajena a ciertas inconformidades no obstante que los resultados fueron de alguna manera muy claros los cuales arrojaron que el 43% de la comunidad prefería a la Doctora Tania Rodríguez como candidata a la rectoría, seguida del Doctor Galdino Morán con 23% y Roxana Rodríguez con un 8%.

Sin embargo, la realización del posterior proceso de auscultación realizado por los consejeros frente a sus sectores (por sede y plantel) registró cierto nivel de discrecionalidad asociado a la ausencia de normas procedimentales claras qué género la confusión entre la comunidad respecto de la utilidad de dicho mecanismo y tuvo muy baja o casi nula participación. Después, del atropellado cumplimiento de anterior procedimiento la sesión para la elección de la rectoría ocurrió en medio de diversas acusaciones suspicacias y finalmente se detuvo ante la erupción de un grupo de miembros de la comunidad que casi a título personal decidieron interrumpir la sesión debido a la "falta de congruencia de los consejeros que desoyeron las preferencias de sus representados", terminando así con el quórum de la sesión.

En este contexto, las irregularidades en ambos procesos generaron un aparente bucle que impide continuar con los trabajos y tiempos institucionales. Por un lado se señalan ciertos excesos en la construcción de preferencias que direccionaron los resultados de la consulta otro grupo señala que los procesos de auscultación ocurrieron bajo excesiva circunstancias discrecionales y que el Sabotaje final de la sesión del CU implicó la ruptura de la normativa vigente.

Los debates apuntan hacia el carácter de la normativa que se ha aprobado y cumplido hasta el momento, la cual le otorga un carácter de representación sin mandato imperativo a los consejeros, lo cual parece una desventaja ante este tipo de situaciones. Además de facultarles el poder elegir al Rector sin existir una cláusula de vinculatoriedad con los dos mecanismos consultivos mencionados que permitan a su vez generar herramientas de transparencia y control que sancionen la responsabilidad y responsividad de los consejeros. En consecuencia, cuando no hay coincidencias de interés se genera un dilema de legitimidad, respecto del binomio representación y participación de la comunidad Universitaria. Que es lo que hoy estaría pasando.

El impase radica en cómo obtener legitimidad legal y para ello, reponer ambos procesos: auscultación y elección, o continuar con la sesión del CU; de tal forma que se cumpla con la normativa y se transparente la responsabilidad de los consejeros y sus intereses ante el sector que representan (cualesquiera que sean).

Las normativas en mi opinión, generan este problema, me parece que la elección de Rector debería ser directa y con claras reglas de recuento ponderado (desde la comunidad y sus sectores), para contar con un órgano técnico que haga contrapeso al CU. Al mismo tiempo, tendríamos que contar con mecanismos normativos para evaluar y revocar del cargo orgánico a quienes no cumplan con elementos específicos de las responsabilidades legales asumidas por la oficina de Rector y el CU.

El diseño actual de los estatutos le da una discrecionalidad -sin contrapesos- indeseable al CU para elegir al rector y al mismo tiempo no permite evaluar y sancionar las decisiones desde ambos órganos. Desafortunadamente es una cuestión casi antagónica entre legitimidad, legalidad y representatividad normadas (aceptadas colectivamente). De no resolver a tiempo los vacíos y ambigüedades de las normas y su inadecuada racionalización tendremos estos problemas de forma consecutiva. Dicha situación podría ser capitalizada por las indeseables pugnas políticas de los partidos políticos de la capital.

La reposición o.continuidad de ambos procesos (auscultación y elección) son necesarios. Aunque parece difícil sentar a dialogar a las corrientes y que al tiempo se respeten los criterios normativos y de legitimidad que todos reclaman. He ahí el bucle un inestable diseño normativo (debilidad de control de responsabilidad)e intereses antagonistas.

Es urgente que se comprenda la importancia del aspecto técnico-decisional de la democracia representativa en los órganos de la UACM. Lo que se ha expresado hasta el momento indica con claridad los dilemas que antepone la legitimidad, representatividad normatividad y su aparente conflicto de sentidos. Es precisamente esta falta de comprensión mínima la que impide que los procesos se transiten con apego al diálogo democrático y legal al mismo tiempo.

El cumplimiento y el análisis de los procedimientos es la base de consenso normativo para poder dialogar sobre los principios de la UACM. Que dicho sea de paso, hoy no son unitarios y se alimentan de diversas posturas ideológicas.

Ahora bien, quienes suponen que reponer la auscultación producirá una ganancia de legitimidad deben evaluar el costo que ello impondría en la negociación e institucionalidad y si dicho balance es positivo o negativo este seguramente no cambiaría ya el sentido del voto del CU. Con lo cual se va a abrir otro dilema Cómo es que llegan representantes al CU que no responden a un mandato imperativo lo cual nos coloca de nuevo en el inicio de ésta reflexión. Agradezco su atenta lectura. Les envío un cordial saludo.