Sufren jornaleros de Guerrero extorsiones y falta de apoyo gubernamental

Tlapa de Comonfort, Guerrero, 6 de noviembre 2017.-  En el contexto de la temporada alta de migración interna, jornaleras y jornaleros indígenas de la Montaña de Guerrero sufren extorsiones, hostigamiento y la falta de apoyo gubernamental que a pesar de conformar una comisión intersecretarial de atención a familias jornaleras, nada pueden hacer ante los abusos y problemas que padecen miles de personas que recorren cientos de kilómetros para trabajar largas jornadas en los campos agrícolas del país ante la falta de trabajo en sus lugares de origen. 

De septiembre a la fecha, el flujo migratorio ha sido de  2 mil 500 jornaleras y jornaleros que en su diáspora hacia estados como Michoacán, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Baja California, Nayarit, entre otros, los atropellos en su contra no cesan. 

El Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña, denuncia una ola de extorsiones cometidas por parte de Policías Ministeriales de Guerrero a familias jornaleras que se transportan en vehículos particulares que traen placas de otros estados, teniendo por ejemplo el de una familia de Lindavista a la que el viernes pasado, los ministeriales les cobraron una “multa” de 5 mil pesos por dejarlos pasar en el crucero de Tlalixtaquilla.

Tlapa de Comonfort, Cochoapa el Grande, Metlatonoc, Copanatoyac, Atlixtac, Xalpatlahuac, Atlamagalcingo del Monte y Alcozauca son los municipios con mayor expulsión de familias jornaleras. En la temporada alta de migración de septiembre de 2016 a enero de 2017 se registraron 12 mil jornaleras y jornaleros que migraron a 19 estados del país.

El Consejo reclama nuevamente a la Comisión intersecretarial, integrada por dependencias estatales, federales y municipales, atención adecuada a los migrantes indígenas y sus familias,  ya que como es del conocimiento de los funcionarios que las representan, se ha abordado la problemática de las multas y extorsiones, acordándose en pasadas reuniones que el delegado del gobierno estatal Arturo Bonilla y el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano, hablarían con la Policía Ministerial para evitar tales situaciones, sin embargo, los problemas continúan a pesar de que elementos de la Ministerial han acudido de incógnito a las reuniones en la Unidad de Servicios Integrales (USI) y escuchado los reclamos de los jornaleros. 

Los problemas no terminan en los límites de Guerrero, otro testimonio dado al Consejo da cuenta de una revisión ejecutada por Policía Ministerial del Estado de México a dos familias de Agua Dulce anexo de Santa María Tonaya, cuando cruzaban rumbo a Yurécuaro, Michoacán, en la cual los policías les exigieron una “mochada de cuatro mil pesos bajo amenaza de ser turnados al Ministerio Público. 

En otros asuntos generales relativos a la USI, los camiones dónde se trasladan los  jornaleros siguen estacionándose en una vía prohibida al estar inconclusos los trabajos prometidos por el ayuntamiento de Tlapa para acondicionar un área asignada como estacionamiento, tampoco hay  suministro de alimentos para familias jornaleras, ni se ha instalado el Registro Civil prometido por la Comisión.