A un año y medio de la declaratoria de AVG en Chiapas no hay resultados

Foto: Ere Rivera/Somoselmedio

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 26 de mayo de 2018.- De enero de 2014 a octubre de 2017 el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) documentó que de 282 asesinatos de mujeres  sólo 125 casos son investigados como feminicidios en el estado de Chiapas. Así lo dió a conocer el OCNF durante la presentación de su Informe “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017”.

La OCNF conformada por 40 organizaciones de 22 estados del país explicó que durante el periodo referido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas informó de manera parcial sobre los datos registrados durante dicho periodo por lo que las organizaciones de la sociedad civil tuvieron que recurrir al registro hemerográfico y a los datos de los casos que acompañan. 

Explicaron que las variables proporcionadas por la Fiscalía tienen que ver con la edad de la víctima, el método utilizado para asesinar a las mujeres, el lugar del hallazgo y la relación entre la víctima y el victimario, sin embargo, esta información no les permitió realizar un diagnóstico a profundidad que permita generar políticas públicas de prevención, atención y sanción del delito, mucho menos para que estás atiendan de manera particular a las mujeres indígenas, mujeres trans o a las mujeres migrantes.

Según datos obtenidos por Mujeres Libres COLEM A.C., organización feminista integrante del OCNF, en lo que va del 2018 se han registrado 29 casos, 13 han sido feminicidios, 2 posibles feminicidios, 4 tentativa de feminicidio y 9 más han sido muertes violentas por accidentes, suicidios, entre otros. Por lo que las organizaciones denunciaron que a pesar de que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas (AVG) -declarada el 18 de noviembre de 2016- mandata al gobierno de del Estado, contar con una base de datos que permita conocer la problemática, la autoridad no da características de los feminicidios, lo que es grave e impacta de manera negativa en la vida y seguridad de las mujeres, además de impedir la creación de una política de prevención de los delitos.

En cuanto al protocolo de investigación del estado de Chiapas, el cual se emitió en 2016, explicaron que este no incorpora la perspectiva de género en la investigación del delito, ni especifica las diligencias particulares que deben realizarse para la acreditación de las razones de género y no está actualizado al nuevo sistema de justicia penal.

Lo anterior, explicó el Observatorio, es una clara muestra de las autoridades no han realizado las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Chiapas.

Detallaron que es muy grave que a un año y medio de la Declaratoria de AVG, las autoridades no implementen de manera eficaz las recomendaciones realizadas y no actualicen la información sobre los nuevos contextos de la violencia contra las mujeres por lo que exigieron al gobierno federal y de Chiapas, en sus respectivos ámbitos y mandatos:

-Cree e implemente una Unidad de Análisis y Contexto en Chiapas, que fortalezca las investigaciones, que identifique los diversos contextos de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios.

-Que la entidad cuente con un protocolo especializado para la investigación del delito de feminicidio, que promueva la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones del personal y las autoridades encargadas de la investigación, para que en este mismo sentido, se promueva la capacitación para las y los operadores, hecho que garantizará la debida diligencia, lo cual, permitirá el esclarecimiento del hecho y el acceso a la verdad y a la justicia.

-Que se reformen los marcos penales y administrativos para reconocer como delitos y faltas graves los actos de estigmatización a las víctimas, de omisión, negligencia y obstrucción de justicia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres, y que se investiguen de manera oficiosa.

-Que se establezcan los mecanismos efectivos para garantizar la reparación integral del daño que incorpore las medidas de atención y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes huérfanos/as (como lo hicieron los estados de México y Jalisco en el marco de la AVG), sin que éstos se supediten a los procesos judiciales.

-Que la Fiscalía investigue desde un inicio toda muerte violenta de mujeres como feminicidio, incluyendo los suicidios, accidentes y los que se comentan en contextos relacionados con el crimen organizado y los conflictos armados en la entidad.

-Que la CONAVIM establezca medidas específicas de política criminal relacionada con el feminicidio, con base en las recomendaciones hechas por medio de las alertas de género.

El Informe sobre feminicidio presentado en el Museo de Tuxtla, Gutiérrez, documentó a nivel nacional el asesinato de 8,904 mujeres, de los cuales 2,188 fueron investigados como feminicidio, es decir, sólo el 24.57%. Dicho Informe fue realizado gracias al apoyo financiero de la Unión Europea y la Embajada de los Países Bajos.