Ayotzinapa | Violencia en Guerrero 2018

Foto: Mario Marlo/Somoselmedio.org
Foto: Mario Marlo/Somoselmedio.org
✍ Opinión
Centro Morelos

Los niveles de violencia tan exasperantes que vivimos en el estado Guerrero están cobrando la vida de mujeres y hombres e incluso niños, día tras día. Es mentira cuando el gobernador Astudillo admite que en 2017 se redujo la violencia a comparación del año pasado, con la extraordinaria cantidad de 7 ejecuciones menos que el 2016. La sangre sigue derramándose en las calles de Guerrero.

Lo que no reconocen abiertamente las autoridades estatales es que principalmente de su policía y ejército proviene la violencia. Así lo demuestra la masacre en Iguala el 26 de septiembre 2014: corporaciones policiacas, fuerzas castrenses, grupos paramilitares e instituciones de gobierno se coordinaron para ejecutar la desaparición forzada de 43 compañeros de Ayotzinapa y el asesinato extrajudicial de 6 personas (entre ellos 3 hermanos normalistas: Julio Cesar Mondragón, Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava). Luego de más de 3 años la verdad sigue siendo negada para las familias de los 43 hermanos ausentes, la justicia está envuelta en la corrupción dentro de las instituciones haciendo muy difícil que avancen las investigaciones para saber qué fue lo que pasó y quienes son los responsables. Sin justicia ni verdad por parte del gobierno federal y estatal.

Nos consterna entender como la violencia y el terror permanecen y penetran cada aspecto de la vida cotidiana de las personas, como si Ayotzinapa no hubiera pasado, como si los 43 no existieran. Es inadmisible que a más de 3 años del 26 de Septiembre, las fuerzas policiacas en Guerrero sigan actuando con total impunidad y protección, coludidas completamente con grupos criminales de narcotráfico y ejecutando delitos sin castigo alguno: la desaparición forzada de 7 jóvenes en el mes de diciembre del 2017 en varios puntos de la zona centro de Chilpancingo, es una muestra de ello. Prácticamente es el mismo móvil, las patrullas de la policía vigilan, persiguen el auto donde viajaban los jóvenes o los increpan en calles sin visibilidad en las cámaras de seguridad, les dan un “levantón “y no se vuelve a saber de ellos. Algunos de los jóvenes los encontraron en bolsas de basura, con signos de tortura, otros siguen desaparecidos, unos eran hijos de empresarios, otros funcionarios públicos, pero en todos hay algo en común, fueron policías quienes tuvieron el último contacto con ellos, fueron policías quienes los desaparecieron.

En enero del 2018, atendiendo una supuesta llamada del 911, Astudillo ordena a la policía y al ejército montar un enorme operativo para detener al compañero Marco Antonio Suastegui, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP). Fue un operativo desmesurado, con una enorme diferencia en armamento y número: más de 100 policías estatales, ministeriales, soldados del ejército, helicópteros de la policía, todos con armas de alto calibre. Supuestamente el operativo era para investigar y hacer peritajes relacionados con los muertos en el enfrentamiento entre policías comunitarios de la CRAC y sujetos armados que intentaron asesinar a Suastegui. Mentira. Cometieron un acto de traición: rodearon la Casa de Seguridad de La Concepción, desarmaron a los policías comunitarios, liberaron a las personas que estaban en proceso de reeducación (incluyendo policías estatales encubiertos y ex militares), detuvieron a más de 30 compañeros, incluso hay testigos que aseguran hubo ejecuciones de comunitarios cuando estos ya estaban sometidos. La policía de Astudillo llegó directamente a detener a Suastegui, disparando a todo aquel quien se interpusiera en su camino.

La cuenta estaba pendiente, el asecho del gobierno y empresarios es antaño, desde hace varios años, pues los hombres y mujeres que habitan en las tierras de los bienes comunales de Cacahuatepec desde hace décadas están organizados para defender su territorio y el rio Papagayo del megaproyecto de la Presa la Parota, impulsado desde el sexenio de Fox por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), este proyecto fue cancelado por la férrea defensa de los compañeros y compañeras del CECOP. Sin embargo, además del apetito de las empresas y proyectos capitalistas que buscan adueñarse del agua del rio Papagayo para llevarla a las zonas comerciales y turísticas de Acapulco, también sufren los estragos de la inseguridad y el crimen que se vive en la región: orillados por los asesinatos, secuestros y extorsiones, las y los comuneros de La Concepción ha impulsado el ejercer la autodefensa para hacerle frente a la violencia, organizados bajo los preceptos de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)… ¿Cuántas masacres han ocurrido en la zona rural de Acapulco y Astudillo no recibe de esas llamadas de emergencia?, ¿porque no envió un operativo para detener a los asesinos de la familia de 7 integrantes, incluyendo niños, el 9 de junio de 2017 en la misma comunidad?.

Así está la situación en Guerrero: la policía y grupos armados se coordinan para desaparecer, asesinar, aterrorizar a la población y de paso aprovecha para desmantelar organizaciones sociales. ¿Cómo esperamos seguridad de los mismos que nos están asesinando?, ¿cómo nos van a cuidar, los mismos policías que nos desaparecen?. El control social y la estabilidad del poder político están basadas en el terrorismo de estado y la violencia del crimen. Lamentablemente no sólo en Guerrero, sino en todo el país la oleada de represión e impunidad es una política vigente. En Michoacán recientemente asesinaron a la comunera Guadalupe Campanur Tapia, fue un feminicidio, Guadalupe fue una de las mujeres que iniciaron el levantamiento de Abril del 2011 en Cherán: este levantamiento fue como inició la expulsión de los talamontes que se llevaban la madera del pueblo, y concluyó con el desconocimiento de partidos políticos, la elección del Consejo Comunal (regido bajo una asamblea) y la constitución de la Ronda Comunitaria que protege su territorio.

Compañeras, compañeros: No omitan la descomposición de la sociedad en donde vivimos, hay una guerra en este país y nosotros estamos poniendo los muertos. Reiteradamente hemos señalado que nuestra lucha no solo por los 43 sino por los miles de desaparecidos y desaparecidas en el país, nuestra lucha es en contra de las instituciones corruptas y degradadas que obedecen a intereses mezquinos; luchamos en contra de la impunidad que acuerpa todas las corporaciones policiacas y militares corrompidas, luchamos contra este gobierno en estado de putrefacción. Nuestros 43 compañeros desaparecidos, nuestros hermanos que han caído defendiendo el normalismo rural, son víctimas de la violencia del estado. No podemos permitir quedarnos sin justicia, olvidarlos.

En esta primera jornada de lucha del 2018, continuamos firmes acompañado a nuestros padres y madres de los 43 hermanos desaparecidos en su peregrinaje por verdad y justicia. Las 4 líneas de investigación del GIEI (1° Investigación al 27 batallón de infantería. 2° Investigación de los policías de Huitzuco. 3° Análisis de la telefonía celular de estudiantes, policías y funcionarios. 4° Trasiego de droga Iguala – Chicago), siguen siendo nuestros argumentos contra la “Verdad Histórica” y la protesta en las calles el único medio posible por el cuál podremos arrancar la verdad y justicia a la autoridad.