5 notas indispensables para la autonomía del IPN

Foto: Débora Poo Soto/Somoselmedio.org
Etapa crucial para decidir el rumbo de la Asamblea General Politécnica
El mal medio

El movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) atraviesa un momento de tensa calma después de haber conseguido el apoyo abrumador de la opinión pública mexicana. Seguramente el gobierno de Enrique Peña Nieto considera que no es el momento de darle visibilidad al conflicto, ni de intentar extinguirlo, especialmente cuando tienen los reflectores encima por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Guerrero, en donde se ha probado la participación de agentes del gobierno mexicano.

Así que ahora los politécnicos tienen días importantes para preparar una estrategia sólida que les permita conseguir los objetivos que originalmente planteó su movimiento y aquellos que con el paso de los días han surgido y que, dicho sea de paso, tienen la misma validez que los primeros.

Entre los planteamientos actuales del movimiento destaca la posibilidad de buscar autonomía para la institución, derivada de un congreso general y de un proceso participativo, representativo y democrático; una propuesta que entre otras ventajas representaría evitar que el IPN sea “botín político” a merced del grupo en el poder, y que el instituto superponga el interés académico de docencia e investigación a cualquier otro interés ajeno a su existencia.

No es sencillo, pues la estructura politécnica siempre ha obedecido a los planes del Estado, esa es su razón de existir y fue útil en las décadas que el gobierno mexicano construyera una industria nacional fuerte. Objetivo que parece se ha dejado de lado para dar paso al libre mercado y la preponderancia de la industria privada, nacional y extrajera.

Con estos antecedentes me permito enumerar 5 notas indispensables para una autonomía politécnica.

1.- Una nueva Ley del IPN.

Tendría que emanar del propio instituto y del proceso del congreso politécnico, pero lo importante de esta Ley es que tendría que ser aprobada por el Congreso de la unión (diputados y senadores) y deberá ser de un nivel superior a la actual Ley orgánica del IPN, pues debe quedar estipulado el papel del politécnico para la nación, su relación con los niveles de gobierno, el respeto a su auto gobieno y la garantía de suficiencia de recursos, independientemente de las decisiones y el rumbo que decida su comunidad.

2.- El carácter gratuito.

No es un secreto que aunque la propia Ley orgánica del poli dice que la educación que imparte es gratuita esto no es respetado en términos prácticos, ya que por medio de cargos como donativos forzosos y costos administrativos se obliga a los estudiantes a realizar contribuciones económicas, mismas que aunque no son grandes si complican la vida académica de los estudiantes. Lo cierto es que estas contribuciones sirven más bien de “caja chica” de directores de escuela, pues tampoco mejoran de manera sustantiva el nivel educativo de la institución y representan un porcentaje muy pequeño del total del presupuesto del IPN, por tanto pueden ser eliminadas sin consecuencia (la simple cancelación de pensiones a ex directores podría suplir estos recursos).

3.- La obligatoriedad de un presupuesto digno.

Este es el sistema de control más importante del gobierno hacia las instituciones educativas públicas en México, pues bajo amenaza de disminuir la entrega de recursos se silencia y dobla a cualquiera. La nueva ley del IPN debe garantizar la obligatoriedad del gobierno mexicano a entregar año con año los recursos necesarios para el funcionamiento óptimo del politécnico. Estos recursos que podrían tasarse en salarios mínimos por una relación de correspondencia con la cantidad de estudiantes que atiende y las investigaciones en curso, permitirían al IPN asegurar su existencia, realizar planes de desarrollo a mediano y largo plazo y reducir la incertidumbre del juego político ajeno a la institución.

4.- Libre cátedra.

El detonador del movimiento actual del IPN radica en la inconformidad sobre los planes y programas de estudio, y la inminente imposición de estos a capricho de los planes nacionales de desarrollo del sexenio en curso. No es la primera vez que se desata inconformidad por este asunto y ha tomado niveles peligrosos para la calidad de los egresados politécnicos, pues no existe un diagnóstico certero en el interior del poli que valide la adopción de las políticas planteadas en la “Reforma educativa”, así que una autonomía del IPN debe garantizar que los planes y programas de estudio obedecen a las necesidades estratégicas de desarrollo institucional, con participación de los académicos y estudiantes y además buscando los mecanismos para la opinión del gobierno, la sociedad y la iniciativa privada, pero sin imponer cátedras, siempre a decisión única del IPN.

5.- Una estructura democrática.

Es esencial para una instancia autónoma que existan los mecanismos para garantizar el ejercicio democrático de sus miembros, esto además dota de responsabilidad a toda la comunidad, una nueva Ley del IPN debe sustituir el actual sistema de consejos consultivos por consejos generales, con carácter resolutivo y participación directa de todos los sectores (estudiantes, trabajadores, profesores). Ojo, lo principal no es tener capacidad de elegir al director del IPN, sino cambiar la relación actual en la que un funcionario tiene capacidad de dirigir por sí mismo el porvenir de toda una comunidad.

Entonces los consejos politécnicos deberán estar por encima de las figuras unipersonales de dirección, y aunque parezca obvio debe dejarse claro que la elección de estos órganos de gobierno debe incluir a todos los politécnicos, de manera ponderada o no, pero por medio del voto libre y secreto.