El Fiscal Anticorrupción

Tozoonpolitikon

El próximo 30 de abril concluye el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión el cual ha pasado sin pena ni gloria. No es de sorprender que cada inicio de periodo legislativo se anuncie con bombo y platillo los temas a tratar y abordar en él. Es común que los principales legisladores, generalmente los coordinadores parlamentarios, salgan a los medios a presumir la agenda legislativa de su fracción, así como que realicen reuniones plenarias para armar la prioridad de sus temas. Sin embargo, eso se queda en mera palabrería ya que al momento de aprobar, ya sea en comisiones o en el pleno, los temas relevantes se quedan en la congeladora.

Para el actual periodo ordinario asuntos como el nombramiento del Fiscal Anticorrupción; reformas al artículo 102 constitucional para el nombramiento del Fiscal General de República; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; Ley de Seguridad Interior, Ley de Archivos, Ley de Obras Públicas y Servicios, y reducción del IEPS para gasolinas, son algunos de los temas que quedarán para el siguiente periodo legislativo ordinario, toda vez que será muy difícil que se convoque a un periodo extraordinario pues las elecciones estatales, particularmente en el Estado de México, van cobrando cada vez más fuerza. Así pues, una vez que se termine el ordinario, se volverán a juntar hasta septiembre.

Caso particular reviste el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, el cual vendría a sustituir al actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR). Cabe recordar que las comisiones unidas de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado aplazaron por quinta vez la fecha para entregar al Pleno la lista de candidatos idóneos para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción, pues desde el 29 de noviembre 2016 debieron presentar el dictamen de elegibilidad a la Junta de Coordinación Política, pero pidieron una prórroga al 9 de diciembre, posteriormente al 15 de febrero, una más al 14 de marzo y ahora se estableció el 21 del mismo mes, a tal grado que es la fecha que no se tiene un dictamen. Incluso los candidatos a ocupar dicho cargo ya comparecieron ante las mencionadas comisiones.

Ante ello el pasado 4 de abril se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sin el Fiscal Anticorrupción ni magistrados especializados, cuyo principal reto será desmantelar redes de corrupción que hay en el país. Cabe señalar que el Comité Coordinador está conformado por los titulares del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Secretaria de la Función Pública, del Consejo de la Judicatura Federal, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) y por el Comité de Participación Ciudadana (CPC).

Es de destacar que gran parte de que se encuentre atorado el nombramiento del fiscal se debe a que el planteamiento general del Sistema Nacional Anticorrupción contempla que la PGR cambiaría a Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo. Pero el “atorón” principal se encuentra en que el Presidente propuso al Senado que el actual Procurador tendría ‘pase automático’ al cargo de Fiscal por nueve años. Es por ello, principalmente, que algunos senadores se han opuesto a que se presente el dictamen, pues sería darle al Procurador, Raúl Andrade, la permanencia para lo que resta del presente sexenio así como prácticamente todo el próximo, y con ello cubrir las espaldas a la actual administración una vez que termine el sexenio.

No se puede negar que la autonomía que tendrá la nueva fiscalía es un paso adelante para tener una procuración de justicia eficaz; sin embargo, el hecho de que el Ejecutivo Federal pretenda mantener al procurador pone en duda esa autonomía. El debate que se libra en el Senado tiene que ver con que el PRI apoya la propuesta presidencial, mientras que legisladores el PRD, PT –apoyados por organizaciones de la sociedad civil- y algunos senadores del PAN se oponen al pase automático de Cervantes. Si se impone la voluntad del Ejecutivo prácticamente la Fiscalía heredará los viejos vicios de la PGR.

Si bien es cierto, es importante tener ordenamientos jurídicos bien establecidos, la experiencia señala que tener demasiadas instituciones encargadas de combatir la corrupción solo servirá para engordar la burocracia porque en la práctica no habrá gran cambio. En México está tan arraigado el fenómeno de la corrupción que implementando instituciones desde arriba difícilmente se podrá erradicar. Basta señalar que una encuesta del INEGI de 2015 señala que la corrupción es la segunda mención que los mexicanos hacen cuando se les pregunta sobre los principales problemas del país.

De entrada inició mal el Sistema Nacional Anticorrupción al no tener una de sus piezas principales. Si bien es cierto, el organismo se instaló sin ningún problema pues el resto de los integrantes hacen mayoría, no es dato menor que se haya iniciado sin el Fiscal. La realidad es que no hay voluntad política para nombrarlo, las negociaciones en el Senado aun continúan. La discusión es más política que jurídica. Es probable que si bien va, se retome el tema pasadas las elecciones de julio o hasta el siguiente periodo ordinario. Mientras eso sucede, podemos seguir guardando el sueño de los justos.