Gatopardismo priista

Tozoonpolitikon

Sin duda alguna los tiempos políticos han cambiado. Todavía hace poco más de dos décadas no se podía hablar de alternancia o de competencia entre partidos. Quizá no como uno quisiera pero ha habido un avance democrático en el país. Las reformas que se han presentado han obligado tanto a las instituciones como a los actores a cambiar su forma de hacer política.

Precisamente hoy el PRI se plantea cambios que la realidad le requiere. De cara a su XXII Asamblea Nacional el otrora partido hegemónico se enfrenta a la disyuntiva de mantener los esquemas que ha sostenido durante décadas o cambiar para abrir paso a candidatos externos o no militantes del partido.

En la primera reunión de su XXII Asamblea Nacional el PRI aprobó reformas a sus estatutos para permitir la postulación de un ciudadano simpatizante para la Presidencia de la República en 2018; asimismo, eliminó el requisito de los 10 años para los militantes con aspiraciones presidenciales.

Entre los medios se destacó que estos cambios tienen destinatarios: el actual Secretario de Hacienda, José Antonio Meade y el Secretario de Salud, José Narro. Como se sabe, estos funcionarios no forman parte del partido aunque sí simpatizan con él.

Cabe recordar que los últimos Presidentes del PRI antes de la alternancia, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, llegaron a la candidatura y posteriormente a la Presidencia de la República sin haber obtenido un cargo de elección popular. Es cierto que tuvieron funciones dentro del partido y fueron secretarios de estado, pero no emanado de una elección, es decir no pasaron por ser diputados, senadores o presidentes municipales. Fue por ello que en 1996, durante la presidencia de Santiago Oñate al frente del Comité Ejecutivo Nacional, en la XVII Asamblea General, se modificaron los estatutos del partido para dar un peso específico a los gobernadores e imponer la militancia comprobada como requisito para aspirar a una candidatura. En esa ocasión se impuso que los candidatos a la presidencia de la República así como a Gobernadores deberían contar con diez años de militancia y haberse desempeñado en cargos de elección popular. Con ese antecedente fue que en el año 2000 el candidato a la Presidencia fue Francisco Labastida quien previamente había sido gobernador de Sinaloa, es decir, cumplía el requisito. Paralelo a ello, Labastida fue el primer candidato del PRI en ser seleccionado por medio de un proceso democrático interno donde compitió con otros militantes (Roberto Madrazo, Manuel Bartlett y Humberto Roque).

No es casual que esos cambios dentro del partido oficial se presentaran justo en el momento en que el país estaba en un proceso de reformas electorales. Dichos cambios eran indispensables y necesarios y con ello también el de los actores políticos. El tiempo de las mayorías absolutas había pasado. Fue por ello que en 1997 el PRI pierde la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y posterior a ello en el año 2000 la Presidencia de la República.

Sin embargo no hay que echar las campanas al vuelo: el cambio en los estatutos del PRI puede ser solo una cortina de humo para disfrazar la designación del Presidente al próximo candidato del PRI. Con la posible designación de un externo como abanderado presidencial el Ejecutivo Federal tiene más opciones para elegir entre los posibles candidatos. Por ello es que no son menores esas voces que señalan que los cambios en los estatutos priistas tienen destinatarios. Finalmente el PRI como viejo lobo de mar sabe moverse conforme a los tiempos que se necesiten. Gatorpardismo puro.

Cabe destacar que el hecho que se hayan reformado los estatutos no significa en automático que optarán por un candidato externo. Simplemente es abrir más el abanico de posibilidades para la candidatura presidencial. Si tomamos en cuenta las diversas encuestas que se han publicado sobre la referencia del voto para 2018, en el PRI el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lleva la delantera ante cualquiera de sus competidores. Por ello es que se considera como probable que los cambios en los estatutos sólo sea distraer la atención para lo que de antemano ya está decidido. Eso lo sabremos en pocos meses.