La corrupción y el financiamiento de las campañas políticas en México

Columna Tozoonpolitikon
INE  

El proceso democrático en México ha sido largo y en buena medida pausado. Los avances en materia de democracia han llevado del dominio de un solo partido a la pluralidad de opciones. Es cierto que si hacemos un análisis comparativo de la década de los setenta u ochenta al día de hoy la representación partidista en el Congreso de la Unión es completamente distinta, pues la otrora hegemonía de un solo partido es cosa del pasado. No obstante lo anterior, el sistema político mexicano sigue sufriendo hoy en día una grave crisis de credibilidad. Es justo decir que la falta de confianza en el proceso electoral no se refiere propiamente al conteo de votos, lo cual era muy común en la época clásica del régimen del PRI; o a la participación de la autoridad electoral en el proceso de preparación de la elección; o al desarrollo de la jornada comicial: urnas embarazadas, carros completos, etc. Esos procesos por fortuna han sido superados. Hoy en día la manzana de la discordia se refiere a las condiciones de competencia particularmente al uso de dinero en las campañas electorales. 

 

Es sabido que sin recursos no se puede hacer campañas ni llegar a una población que está alejada de las zonas urbanas, por lo que los candidatos van en búsqueda de recursos para lograr esos votos.

 

En nuestro país el financiamiento a campañas políticas es público como lo establece la Constitución en el artículo 41 que garantiza que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Esta reforma se presentó en la mesa de negociación de 1996 a fin de generar condiciones de igualdad entre los contendientes. No obstante que el financiamiento es público, el sector privado puede aportar a cierta campaña siempre y cuando se pueda identificar quién y cuánto aporta, aunado a que no debe rebasar los límites de las aportaciones públicas. Dichos recursos no deben destinarse a comprar tiempo en radio y televisión, toda vez que éstos son otorgados a través de los tiempos destinados al Estado vía el Instituto Nacional Electoral. Para ello, los partidos políticos deben entregar un informe de gastos e ingresos  por cada precampaña y campaña en la que participan. 

 

Es de resaltar que para el año 2014 se incorporó en la Constitución que un rebase de más de 5% en el tope de gastos de campaña, en una diferencia de menos de cinco puntos de diferencia entre el candidato ganador y su más cercano competidor, constituye una causa de nulidad de la elección por parte del Tribunal Electoral. Esta disposición tiene dos antecedentes: como se recordará en los resultados del proceso electoral de 2006, los dos candidatos más votados (Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador) quedaron a medio punto entre uno y otro, por lo que los representantes del PRD, partido que postulaba a López Obrador, alegaron fraude y pidieron revisar acta por acta los resultados de esa elección, lo cual no se le permitió puesto que la legislación no lo contemplaba. Aunado a ello, en la elección de 2012, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, fue acusado por repartir tarjetas para promover el voto, el llamado caso Monex. 

 

Es por ello que hoy en día el proceso electoral pasa por revisar el financiamiento a los partidos y candidatos. Como la historia lo ha demostrado, no existen donaciones económicas a políticos que no busquen una retribución o un interés. 

 

Uno de los problemas que se presentan para la transparencia de los recursos a los partidos radica en que éstos no utilizan los recursos para los cual son etiquetados, como actividades de investigación y/o formación de cuadros, por lo que la autoridad electoral debe constantemente vigilar el destino de esos recursos.

 

Lo antes citado viene a cuento porque en las campañas que están en proceso deben vigilarse minuciosamente a fin de que no suceda lo que en años pasados. Para esta elección debe haber una colaboración estrecha del sector público y privado con el INE a fin de que se detecte de manera oportuna el desvío de recursos públicos. El país no está para soportar otro caso como el de Monex. Es ahí, en el combate a la corrupción, donde se pone a prueba el sistema democrático del país. La madurez de la democracia se ve reflejada en la capacidad de las instituciones en sancionar a los actores cuando se presenten desvíos de recursos, y una de las áreas en la que la corrupción tiene una amplia tierra fértil es precisamente en el financiamiento a campañas políticas.